La capital de Norte de Santander enfrenta un colapso inminente. La Crisis Humanitaria en Cúcuta alcanzó su punto más crítico este viernes con la declaración de Alerta Amarilla Hospitalaria en toda la red de salud pública, una medida de emergencia provocada por la protesta ininterrumpida de la Minga Indígena Motilón Barí.

La concentración de cerca de mil personas, incluyendo aproximadamente 400 niños, que lleva cinco días en el centro de la ciudad, ha desbordado las capacidades sanitarias. La falta de condiciones salubres en el campamento improvisado ha disparado los casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, forzando a los centros de salud a operar bajo presión extrema. El pulso político que mantiene la comunidad Barí con el Gobierno Central es el motor de esta emergencia, que exige una respuesta inmediata del Estado.

El Origen del Colapso: Salud Pública en Riesgo

La decisión de declarar la Alerta Amarilla no es solo administrativa; es un grito de auxilio del sector salud. El Hospital Universitario Erasmo Meoz, principal referente de la región, reporta una saturación en sus servicios de urgencias. Los grupos más afectados son los menores de la comunidad, cuyo estado nutricional y exposición a las bajas temperaturas y la humedad han acelerado las infecciones.

La situación expone una falla estructural en la previsión del riesgo. Un brote masivo de enfermedades contagiosas en un campamento de esta magnitud, en medio de una ciudad fronteriza que ya soporta la carga migratoria, podría generar una tragedia humanitaria. Es urgente mitigar la Crisis Humanitaria en Cúcuta para proteger tanto a los manifestantes como a la población civil de la capital.

La Secretaría de Salud (e) ha confirmado la movilización de personal y recursos de contingencia, pero la solución definitiva depende de la desmovilización pacífica de la Minga. Sin embargo, la comunidad indígena ha dejado claro que la vía para terminar con esta Crisis Humanitaria en Cúcuta no es la negociación con delegados.

Freno en el Diálogo: El ‘No’ a los Delegados del Gobierno

El problema se centra en una profunda desconfianza. El Ministerio del Interior confirmó la presencia de una comisión multidisciplinaria en Cúcuta. Funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, el ICBF y la Defensoría del Pueblo están listos para negociar. No obstante, los líderes de la Minga se mantienen firmes: exigen la presencia del Presidente Gustavo Petro o de un Ministro con plenas facultades de decisión.

Este bloqueo político ha paralizado la resolución de las demandas que motivaron esta Crisis Humanitaria en Cúcuta. La comunidad Barí denuncia el incumplimiento de acuerdos históricos relacionados con su territorio ancestral en la convulsa región del Catatumbo, la falta de inversión en saneamiento básico y la desatención a sus reclamos como víctimas del conflicto.

La estrategia indígena de trasladar su protesta a la capital busca generar una presión mediática y política insostenible. Mientras el Ejecutivo insiste en que los delegados tienen la capacidad de avanzar en los compromisos, la Minga argumenta que solo una orden presidencial garantizará la ejecución presupuestal y la seguridad jurídica que han esperado por años.

Impacto Geopolítico y Social Amplio

La persistencia de la Crisis Humanitaria en Cúcuta tiene implicaciones que van más allá del centro de la ciudad:

1. Vulnerabilidad Fronteriza: La distracción de los recursos de seguridad y salud en la capital debilita la capacidad de la región para atender los desafíos diarios en la porosa frontera con Venezuela, donde el flujo migratorio y las dinámicas de grupos armados son constantes.
2. Economía Local Afectada: El bloqueo de vías y la alteración del orden público impactan directamente el comercio formal e informal. Cúcuta, una ciudad que lucha por reactivar su economía binacional, no puede permitirse un freno en su actividad diaria.

La situación es un recordatorio de que la «Paz Total» debe ir más allá de los diálogos con los actores armados y enfocarse en la deuda social histórica con los pueblos originarios. La vida de los 400 niños concentrados, y la estabilidad sanitaria de una ciudad clave, están en juego. El país observa si el Gobierno Central actuará de inmediato para desactivar la Crisis Humanitaria en Cúcuta o si permitirá que la emergencia escale a proporciones inmanejables.

Por: Edward Cipagauta