El Ministerio de Educación presiona para convertir el PAE en política de Estado, buscando blindar el programa ante la desfinanciación de $1,3 billones para 2026 y la ineficiencia en el territorio.

La agenda nacional se debate entre la turbulencia política generada por La Constituyente de Petro y la urgencia de una crisis social de alto impacto: el futuro del Programa de Alimentación Escolar. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, ha intensificado hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 , la presión sobre el Congreso de la República para que el PAE sea declarado Política de Estado mediante una nueva Ley o un CONPES de gran alcance. La movida responde a una doble alarma: la desfinanciación proyectada por la Contraloría (que advierte un déficit de $1,3 billones para 2026) y la ineficiencia crónica en la ejecución de los recursos en los entes territoriales.

El Ministro de Educación, Daniel Rojas, ha sido enfático al señalar que el modelo actual es «operativo y fragmentado», haciendo que el programa PAE sea vulnerable a los cambios de gobierno y la corrupción local. Convertir el PAE en política de Estado busca dotar al programa de reglas permanentes de financiación y ejecución, blindándolo de vaivenes políticos y asegurando que los recursos crezcan en términos reales, cubriendo la inflación para evitar que la cobertura se estanque o disminuya. El argumento central es que, sin este blindaje legal, millones de estudiantes en el territorio nacional seguirán viendo interrumpido un servicio que es vital para su nutrición y su permanencia en el sistema educativo. La continuidad del PAE es una prioridad ineludible.

El Desafío del Territorio y la Presión del Congreso

El debate en el Congreso se centrará ahora en definir las responsabilidades financieras. Si bien el Gobierno Nacional ha aumentado su aporte al programa (con un crecimiento del 68% entre 2022 y 2025, según cifras oficiales), el Ministro Rojas ha destacado que la cofinanciación de muchas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) ha disminuido. El gran reto con el PAE no es solo la financiación, sino la gestión: se busca eliminar las barreras que concentran los contratos en grandes operadores y permitir la participación directa de asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal y comunidades étnicas. Este cambio en el modelo busca fortalecer el control social y la trazabilidad de los alimentos, una respuesta directa a los continuos escándalos de corrupción que han afectado al territorio .

La iniciativa de declarar el PAE Política de Estado obliga al Legislativo a priorizar la agenda social. Este debate puede ser un punto de encuentro o de fricción. Por un lado, la oposición ve una oportunidad para exigir mayor Control Político sobre la ejecución de fondos en el territorio . Por otro lado, la bancada de gobierno intenta demostrar que, a pesar de la crisis internacional (como las Sanciones a Petro ), el enfoque social sigue siendo la prioridad. La discusión sobre el PAE , junto con la insistencia en La Constituyente de Petro , demuestra la intensa batalla que se libra en el Capitolio por definir las prioridades nacionales en medio de una crisis multifacética.

El llamado es urgente: la desfinanciación de $1,3 billones para 2026, si no se resuelve, afectará a 1,6 millones de estudiantes que podrían quedar sin la ración escolar. La aprobación de la Ley que convertirá el PAE en Política de Estado es vista como la única vía para garantizar un derecho fundamental y evitar una crisis humanitaria y educativa en el país.

Por: Edward Cipagauta