¡Tu carrito está actualmente vacío!

Incumplimiento en el contrato de instalación de cámaras de seguridad.

La Procuraduría General abrió investigación contra la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá por los significativos retrasos en el cumplimiento del contrato.
Bogotá, 7 de julio de 2025. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una minuciosa investigación en contra de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, debido a las demoras y posibles irregularidades en la ejecución del contrato de instalación de cámaras de seguridad en la ciudad. Este contrato, identificado como SCJ-1904-2023, firmado en diciembre de 2023 con el Consorcio LPR SCC 2024, por un valor de catorce mil trescientos treinta y nueve millones de pesos ($14.339.000.000).
Según el seguimiento del Ministerio Público, a la fecha, si bien el proyecto reporta un avance físico del sesenta y ocho punto cinco por ciento (68.5%), la realidad es que solo cincuenta cámaras han sido instaladas. Esta cifra representa apenas el veinticinco por ciento (25%) del componente principal del proyecto, lo que evidencia una brecha considerable entre el progreso reportado y la implementación efectiva.

Además, la ejecución presupuestal del contrato ya alcanza el cincuenta por ciento (50%) de los recursos asignados. Esta desproporción entre el avance físico real y el gasto de los fondos públicos ha encendido las alarmas sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta utilización de los recursos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana en la capital.

La preocupación se agrava al conocer que de las cámaras que ya se encuentran instaladas, el veintisiete por ciento (27%) está fuera de servicio. Estas fallas se atribuyen a diversos problemas técnicos, incluyendo inconvenientes de conectividad, suministro de energía o deficiencias en el mantenimiento, lo que reduce aún más la operatividad de la infraestructura de seguridad. Es importante la investigación de la Procuraduría para determinar las responsabilidades y asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar la funcionalidad y el buen uso de los recursos.
Laura Valentina López
Periodista Revista Congreso ALD
Deja una respuesta