El territorio colombiano enfrenta una Crisis de Seguridad: ataques del ELN, secuestro de cinco militares y el asesinato de policías intensifican la violencia y ponen en jaque la estrategia de «paz total» del gobierno.

Hoy, el territorio colombiano se despierta con una alarmante escalada de violencia que ha puesto en jaque la estrategia de «paz total» del gobierno. El aumento de los ataques del ELN y el secuestro de cinco militares en Tame (Arauca), sumado al asesinato de dos policías en Betulia (Antioquia), evidencian una profunda crisis de seguridad que exige una reevaluación urgente de las políticas actuales. Estos lamentables sucesos demuestran que la construcción de la paz requiere esfuerzos constantes, disciplina y una estrategia sólida.

La jornada comenzó con la confirmación de la desaparición de cinco uniformados en Tame (Arauca), quienes realizaban labores de patrullaje. Horas después, el Comando Central del ELN adquirió la autoría del secuestro, declarando que los militares serán «retenidos». Este acto terrorista se suma a otros informes de hostigamientos en Tunja (Boyacá) y la confirmación de un atentado frustrado en el mismo departamento, gracias a la acción oportuna de las autoridades. La ciudadanía en estas regiones siente que el Estado ha cedido terreno, permitiendo que la zozobra se apodere de sus vidas diarias. La interrupción de vías, el temor a salir de casa y la cancelación de actividades económicas se han convertido en la realidad inmediata de estas comunidades.

La Estrategia de Paz en Entredicho

La intensificación de la violencia ha generado un intenso debate en el Congreso y entre la opinión pública. Varios congresistas de oposición han solicitado un debate de control político urgente, cuestionando la validez de mantener un cese al fuego bilateral con un grupo que intensifica sus acciones terroristas y de secuestro. La eficacia de la inteligencia militar y policial está en entredicho, así como la viabilidad de continuar con diálogos de paz en medio de estas acciones violentas. Expertos en Seguridad y analistas políticos han advertido que el ELN utiliza estas como una estrategia de presión acciones para fortalecer su posición en futuras negociaciones, mientras que el control del territorio sigue siendo un objetivo crucial para el armado del grupo.

La situación es particularmente crítica en Arauca, un departamento históricamente afectado por el conflicto armado y la disputa territorial entre grupos ilegales. La presencia activa del ELN y su capacidad para llevar a cabo operaciones de gran envergadura demuestran la gravedad de la Crisis de Seguridad y la necesidad de una presencia efectiva del Estado que garantice la protección para la población civil y la Fuerza Pública. El costo humano y social de esta escalada es incalculable, obligando a cientos de familias a considerar el desplazamiento interno, lo cual agrava las problemáticas sociales en las grandes ciudades.

Implicaciones Políticas y Sociales para el Territorio

A nivel político, esta Crisis de Seguridad se suma a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la reanudación del caso Nicolás Petro, creando un escenario complejo para el gobierno. El presidente ha convocado a sus asesores en materia de Seguridad para evaluar la situación y buscar respuestas contundentes que restablezcan la confianza en el Estado y su capacidad para garantizar el orden público en todo el territorio .

Socialmente, estos ataques generan zozobra y reviven los temores del pasado. Las comunidades de Tunja, Tame y Betulia viven con la incertidumbre, esperando que las autoridades actúen con prontitud para proteger sus vidas y garantizar la libertad de los secuestrados. La disciplina de las fuerzas militares y policiales, que día a día arriesgan su vida, debe ser respaldada con estrategias claras y contundentes que aseguren su bienestar y la seguridad de todos los colombianos. La construcción de un futuro de paz en el territorio exige un propósito claro y una acción decidida contra quienes persisten en la violencia.

Por: Edward Cipagauta