La corrupción militar toca fondo: un análisis de cómo la venta de armas a grupos criminales debilita la Fuerza Pública y desestabiliza el control territorial en Colombia.

La Corrupción Militar no es un rumor de pasillo; es una herida abierta que sangra directamente sobre el territorio colombiano. La noticia que sacude a la opinión pública —el desmantelamiento de una red de militares activos que vendían armamento a grupos criminales organizados— no es solo un caso de indisciplina o de faltas éticas. Es, ante todo, un acto de traición institucional que socava los pilares de la seguridad nacional y hace tambalear la confianza en la Fuerza Pública, justo en los puntos geográficos donde el Estado es más vulnerable.

Para la Revista Congreso ALD, este escándalo exige un análisis que trascienda el titular judicial. Debemos entender cómo esta traición impacta la gobernanza, la labor legislativa y, críticamente, la vida de los ciudadanos en las regiones. El Congreso de la República, como órgano de control político y legislativo, tiene el deber urgente de interpelar no solo a la cúpula militar, sino a la estructura interna que permitió que un arsenal destinado a la defensa de la nación terminara en manos de quienes buscan desestabilizarla.

La Geografía de la Traición

Este tipo de Corrupción Militar tiene un impacto geográfico devastador. Cada fusil, cada munición desviada, no solo representa un costo económico, sino una inyección directa de poder de fuego a los actores armados ilegales que compiten con el Estado por el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal y extorsión.

En territorios como Arauca, el Catatumbo o el Pacífico, donde la presencia institucional es históricamente débil, estos actos de corrupción revierten años de esfuerzo en consolidación. Si el propio Ejército alimenta al enemigo, el concepto de seguridad territorial se disuelve, dejando a las comunidades a merced de la violencia financiada, paradójicamente, con recursos o bienes que debieron protegerlas. Este ciclo vicioso de debilidad institucional y fortalecimiento criminal debe ser el foco de la agenda política.

El Debate Político en el Congreso: Respuestas y Silencios

El epicentro del debate político se ha trasladado al Capitolio Nacional. Los congresistas, especialmente aquellos de las comisiones de Defensa y Seguridad, exigen respuestas claras sobre los protocolos de control de armamento y la profundidad de la red de corrupción. No es suficiente con capturar a los responsables directos; el debate se centra ahora en la responsabilidad del mando y la necesidad de una reforma estructural profunda.

La oposición utiliza este escándalo como munición para cuestionar la gestión de seguridad del actual gobierno, mientras que los partidos de gobierno se ven obligados a defender la institucionalidad sin encubrir el delito. Este pulso político no es menor: afecta la capacidad del Legislativo para aprobar leyes clave sobre seguridad y defensa, y pone en riesgo la confianza interinstitucional necesaria para la gobernanza. La Corrupción Militar se convierte, así, en un obstáculo legislativo.

El Veto a la Paz Total

Uno de los ángulos más sensibles de este escándalo, y crucial para la Revista Congreso ALD, es cómo esta Corrupción Militar afecta la política de Paz Total. La premisa de la Paz Total se basa en la voluntad del Estado para negociar y desescalar el conflicto, respaldada por una Fuerza Pública íntegra.

Cuando se revela que elementos dentro de esta Fuerza Pública están armando a los grupos que se supone deben combatir, la credibilidad de cualquier proceso de negociación se desmorona. Los grupos ilegales ganan argumentos para desconfiar del Estado y se hacen más fuertes militarmente, dificultando la posibilidad de acuerdos territoriales. La deslegitimación del uniforme es el principal enemigo de la paz, pues si el brazo armado del Estado no es confiable, ¿con quién negocia el territorio?

Propuestas para el Territorio: Más Allá de la Judicialización

La respuesta no puede limitarse a los procesos judiciales. Desde el ámbito político y territorial, se requieren medidas concretas:

1. Auditorías Territoriales: Establecer comités de vigilancia y auditoría ciudadana en los almacenes y bases militares de las zonas más críticas, involucrando a las autoridades locales y organizaciones sociales.
2. Incentivos Éticos: Crear un nuevo esquema de incentivos y ascensos que premie la integridad y no solo la efectividad militar, fortaleciendo el fuero ético.
3. Refuerzo al Control Político: Dotar a las comisiones del Congreso de mayores herramientas de supervisión e interpelación directa sobre la cadena de mando en temas de manejo de armamento.

La recuperación de la confianza en el territorio solo será posible cuando la Fuerza Pública demuestre que su compromiso es inquebrantable con la legalidad. Este escándalo de Corrupción Militar es un llamado urgente a la acción política y legislativa para proteger no solo las armas del Estado, sino la fe de los ciudadanos en sus instituciones.

Por: Edward Cipagauta