El Tribunal Superior de Antioquia revoca la absolución previa e impone una severa condena a Santiago Uribe Vélez por homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso ‘Los 12 Apóstoles’.

La noticia de la condena a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y líder político Álvaro Uribe, ha provocado un sismo judicial que impacta directamente el panorama político y la credibilidad en la justicia colombiana. El Tribunal Superior de Antioquia, en una decisión de segunda instancia, revocó la absolución que se había proferido anteriormente y dictó una pena de 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Este veredicto pone fin, por ahora, a un largo y complejo proceso judicial que se remonta a hechos ocurridos en la década de los noventa. El foco de la investigación y del fallo judicial fue la presunta conformación y dirección de un grupo paramilitar conocido como «Los 12 Apóstoles» que operó en la finca La Carolina, ubicada en Yarumal, Antioquia, y sus alrededores. La magnitud de la pena refleja la gravedad de los crímenes que la justicia considera probados.

Los Hechos Determinantes del Tribunal

Según el extenso fallo emitido por el Tribunal, la evidencia testimonial y documental fue suficiente para establecer la responsabilidad penal del implicado. El Tribunal concluyó que existía una estructura criminal destinada a «limpiar socialmente» la zona, lo cual resultó en múltiples asesinatos selectivos y violaciones graves de derechos humanos.

La condena a Santiago Uribe se fundamenta en la acusación de que el ganadero no solo tuvo conocimiento de las actividades de este grupo de justicia privada, sino que también tuvo un rol activo en su financiación, organización y dirección. Este grupo ilegal operó con el pretexto de combatir el abigeato y el desorden social, pero terminó ejecutando crímenes atroces que fueron detallados a lo largo del proceso. Los testimonios clave, que detallaron el funcionamiento interno y la jerarquía de «Los 12 Apóstoles», fueron considerados consistentes y suficientes por el Tribunal para derribar la presunción de inocencia.

Uno de los casos emblemáticos considerados por la justicia para determinar la condena a Santiago Uribe fue el homicidio del campesino Camilo Barrientos, ocurrido en 1994, cuyo testimonio y pruebas resultaron cruciales para la decisión del Tribunal Superior. La Corte enfatizó la necesidad de enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de terceros civiles en el conflicto.

Un Revés Judicial de Segunda Instancia

La relevancia de la condena a Santiago Uribe radica en que revierte una decisión anterior. En febrero de 2024, un juzgado de primera instancia había absuelto al ganadero de todos los cargos, citando inconsistencias en el testimonio de testigos clave y falta de certeza sobre su participación directa. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia analizó nuevamente la totalidad del material probatorio, incluyendo declaraciones, informes periciales y la evidencia contextual de la violencia paramilitar en la región, llegando a conclusiones diametralmente opuestas.

El Tribunal desestimó las dudas planteadas en la primera instancia y otorgó plena credibilidad a las pruebas que señalaban a la finca La Carolina como centro de operaciones del grupo armado. Esta diferencia de criterios entre las dos instancias judiciales es común en procesos complejos, pero en este caso, la severidad de la pena impuesta en la segunda instancia subraya la contundencia de las pruebas que el Tribunal encontró válidas. La decisión judicial fue recibida con reacciones encontradas, desde la satisfacción de las víctimas hasta la indignación de sus seguidores.

Reacciones Políticas y Futuro Judicial

La noticia generó un terremoto político. El expresidente Álvaro Uribe, quien siempre ha defendido la inocencia de su hermano, lamentó públicamente la decisión, reiterando su confianza en que la verdad judicial finalmente prevalecerá. Las reacciones dentro de su partido, el Centro Democrático, han sido de solidaridad y de crítica hacia lo que consideran una «judicialización de la política» y un fallo motivado por presiones externas.

La defensa de Santiago Uribe Vélez anunció de inmediato que utilizará el recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso es la última instancia ordinaria disponible en el sistema penal colombiano. Mientras el proceso avanza a la Corte Suprema, la pena de prisión de 28 años y 3 meses queda en firme, aunque el condenado puede permanecer en libertad bajo medidas restrictivas mientras se resuelve la impugnación, dependiendo de las órdenes específicas del Tribunal.

La condena a Santiago Uribe no solo tiene implicaciones personales, sino que también reabre el debate nacional sobre la justicia transicional, la verdad histórica del paramilitarismo en Antioquia y la responsabilidad de terceros civiles en el conflicto armado interno. La decisión de la Corte Suprema de Justicia será el punto final de una de las sagas judiciales más importantes de la historia reciente de Colombia. La sociedad espera que el proceso judicial sea transparente y que la verdad sobre la creación y operación de «Los 12 Apóstoles» se establezca de manera definitiva para contribuir a la memoria del país histórico.

Por: Edward Cipagauta