Gustavo Chicangana fue víctima de un atentado en Guaviare, está hospitalizado en Bogotá y fuera de peligro.

Bogotá, 7 de julio de 2025. La noche del sábado 5 de julio, el periodista Gustavo Chicangana Álvarez, conocido como Gustavo Chica, y su esposa fueron víctimas de un atentado armado frente a su vivienda en el barrio El Dorado, en San José del Guaviare. Un hombre armado traspasó la reja de su residencia y disparó en repetidas ocasiones, dejándolos gravemente heridos. El comunicador se encuentra estable y fue remitido en las últimas horas a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado a la espera de los procedimientos quirúrgicos requeridos.

Las autoridades confirmaron la captura de dos presuntos autores materiales del ataque, Wilmer Alexander Perea Babativa y Alberto Antonio Araujo Riveros, quienes habrían actuado bajo órdenes de alias “Andresito”, cabecilla del grupo narcotraficante Renacer ERPAC, que opera desde una cárcel en Medellín. La Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas, pero ninguno de los dos aceptó los cargos.

El atentado se da en medio de una escalada de violencia en el Guaviare, donde disidencias de las FARC, encabezadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, libran enfrentamientos que han desatado una grave crisis humanitaria. La región ha sido escenario de masacres y combates que mantienen bajo amenaza a las comunidades. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre confinamientos, amenazas y la paralización del territorio.

Gustavo Chica es director de la emisora Guaviare Estéreo, afiliada a Caracol Radio, y colaborador permanente del Servicio Informativo de esa cadena. Reconocido por su cubrimiento constante de la situación de orden público en el Guaviare, ha sido blanco de amenazas desde el año 2023. Cinco días antes del atentado, recibió un panfleto firmado por Renacer ERPAC que lo declaraba “objetivo militar”. Por ello, contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El caso ha desatado una ola de rechazo nacional e internacional frente a la creciente vulnerabilidad de los periodistas en el país. Tras el atentado al periodista y su esposa, la Defensoría del Pueblo condenó el hecho como un ataque a la democracia y exigió protección efectiva; la FLIP denunció fallas en su esquema de seguridad y pidió al presidente Petro priorizar la defensa de la prensa en zonas de riesgo, mientras la ONU recordó que el derecho a informar es esencial en una sociedad libre y exigió sanciones ejemplares. Asimismo, el Ministerio de Defensa calificó el acto como una amenaza directa contra la libertad de prensa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras se espera que el Gobierno nacional fortalezca las medidas de protección para periodistas en zonas afectadas por el conflicto. El proceso judicial y las acciones institucionales serán clave en el seguimiento de este caso.

Eliana Rodríguez Gómez
Periodista Revista Congreso ALD