Sanitas regresa, pero no se cura tras 15 meses de intervención

La Corte anuló la intervención a Sanitas; la EPS recupera control, pero no su estabilidad financiera.

Bogotá, 27 de junio de 2025. La Corte Constitucional anuló este miércoles la intervención estatal sobre la EPS Sanitas, medida que había sido impuesta por la Superintendencia de Salud desde el 2 de abril de 2024 y prorrogada en abril de 2025 por un año más. El alto tribunal consideró que la intervención fue ilegal, desproporcionada y discriminatoria, y ordenó el retorno inmediato del control administrativo a sus propietarios.

Sanitas, que atiende a más de 5,8 millones de afiliados, pertenece al grupo Keralty, conglomerado de origen español cuyos principales accionistas son Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %). La EPS había sido intervenida por presentar una deuda acumulada de más de 2 billones de pesos, incumplimientos financieros y un aumento sostenido en las quejas de los usuarios, argumentos centrales del Gobierno para justificar la toma de control.

Durante los 15 meses de intervención, la situación financiera de Sanitas no mejoró. Por el contrario, según cifras recientes, la EPS cerró 2024 con una baja del 105,29 %, un deterioro significativo en sus reservas técnicas y un aumento del 19 % en quejas y tutelas frente al año anterior.

La Corte concluyó que la Superintendencia de Salud no evaluó adecuadamente los factores económicos y regulatorios que afectaban la operación de Sanitas, en particular el congelamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que limitó seriamente su capacidad financiera.

Aunque el Gobierno ha expresado que acata el fallo, insiste en que la intervención fue necesaria para proteger a los usuarios del sistema de salud. Sin embargo, el regreso de Sanitas a manos de Keralty no implica que su crisis esté superada.

Sanitas ahora debe reconstruir su red de atención, refinanciar sus operaciones y recuperar la confianza de sus más de 5,8 millones de afiliados. Aunque ha recuperado su autonomía administrativa, aún enfrenta obligaciones financieras considerables que se originaron incluso mucho antes de la intervención estatal. Estas deudas no han sido saldadas, ni con recursos propios ni con respaldo gubernamental.

Desde el grupo Keralty se advierte que, sin una definición clara sobre el financiamiento estructural del sistema —en particular, sobre la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)—, la continuidad operativa de la EPS podría verse comprometida en el corto plazo.

El fallo podría tener efectos en cadena sobre otras EPS actualmente intervenidas, como Nueva EPS y Compensar, y podría modificar el rumbo de la Reforma a la Salud impulsada por el Gobierno.