El sistema de salud en Colombia enfrenta un momento crítico que pone de manifiesto las tensiones entre los actores públicos y privados. Una de las situaciones más destacadas es el reciente litigio internacional iniciado por Keralty, propietario de la EPS Sanitas, contra el Estado colombiano. La empresa reclama que las decisiones gubernamentales han comprometido la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad en la prestación de servicios, llevando a los accionistas a buscar reparaciones económicas a través de instancias internacionales.

La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a Sanitas en abril de 2024 marcó un punto de inflexión. Según la multinacional, esta medida, junto con un cálculo insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ha generado desequilibrios financieros que impactan no solo a la compañía, sino también a millones de afiliados que dependen de sus servicios. Los demandantes señalan que las medidas adoptadas por el Estado han sido arbitrarias y han incumplido compromisos internacionales que garantizan la estabilidad del sector.

Keralty ha elevado su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, exigiendo una compensación de 1.200 millones de dólares. Los accionistas aseguran que, de obtenerse la indemnización, estos recursos serían reinvertidos en el fortalecimiento de la EPS, buscando mitigar el impacto en los usuarios y garantizar la prestación de servicios de salud.

Esta situación refleja un problema estructural del sistema: la necesidad de un modelo financiero sostenible que permita a las EPS cumplir con su misión, garantizando al mismo tiempo el acceso efectivo a la salud para los colombianos. Desde el Gobierno, se ha planteado la urgencia de ajustes al sistema, buscando equilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades crecientes de la población.

En este contexto, la discusión no solo debe centrarse en las implicaciones legales y económicas del caso de Sanitas, sino en la urgencia de una reforma estructural que brinde estabilidad al sistema de salud. La coyuntura actual es una oportunidad para reflexionar sobre los cambios necesarios, asegurando que las decisiones futuras fortalezcan la relación entre el Estado, los operadores de salud y, sobre todo, los ciudadanos que dependen de estos servicios para su bienestar.

El desafío está en lograr que estas transformaciones sean integrales, sostenibles y enfocadas en el interés general, garantizando el acceso equitativo a la salud como un derecho fundamental de todos los colombianos.

Por: Edward Cipagauta