Uribe solicita libertad mediante tutela ante Tribunal Superior de Bogotá

Una tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá busca frenar la ejecución de la orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.

Bogotá, 4 de agosto de 2025. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó este lunes una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de suspender los efectos de la condena que lo obliga a cumplir prisión domiciliaria. El recurso busca que se restablezca su libertad mientras se resuelve el proceso de apelación, aún pendiente en segunda instancia.

La tutela fue radicada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, quien argumenta que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, vulneró varios derechos fundamentales del exmandatario. Entre ellos, señala la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal y la dignidad humana. “La jueza transgredió de forma grave los derechos fundamentales al ordenar la privación de la libertad de forma inmediata, a pesar de que la condena no se encuentra en firme”, señala el documento.

En el escrito de 91 páginas, la defensa solicita que se deje sin efecto el numeral cuarto de la sentencia emitida el 1 de agosto, que ordena la captura y detención domiciliaria de Uribe. En caso de que la medida ya se haya ejecutado, exige su liberación inmediata. Además, pide una medida cautelar provisional que le permita permanecer en libertad mientras se estudia el fondo del recurso.

Granados sustenta la solicitud en el comportamiento procesal de Uribe, quien ha asistido a las 67 audiencias del juicio sin presentar riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia. También cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que las medidas restrictivas tras una condena de primera instancia deben ser excepcionales y debidamente justificadas. La defensa insiste en que mantener a Uribe en libertad no afecta el desarrollo del proceso ni perjudica a terceros.

Uribe fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, tras ser hallado responsable de intentar manipular los testimonios de varios testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. La jueza concluyó que el expresidente facilitó la circulación de pruebas falsas y promovió la intervención de terceros para alterar el curso del proceso judicial.

La decisión judicial ha generado reacciones divididas en el ámbito político y jurídico. Mientras sectores del Centro Democrático califican la condena como una persecución política, otros actores consideran que representa un avance en la independencia judicial. Incluso, algunos expresidentes han solicitado la intervención de organismos internacionales como la ONU y la OEA para garantizar el debido proceso.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir en los próximos días si admite la tutela y si concede la medida provisional solicitada. De ser aceptada, Uribe podría recuperar su libertad mientras se resuelve el recurso de apelación. El país sigue atento al desenlace de uno de los procesos judiciales más polémicos de los últimos años, que ha puesto en el centro del debate la relación entre justicia y política.