La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha expresado su fuerte desacuerdo con la ponencia de reforma laboral que se debatirá en la Comisión Cuarta del Senado a partir del próximo lunes 26 de mayo. En un comunicado emitido el sábado 24 de mayo, la CUT calificó la propuesta como «regresiva», señalando que introduce medidas que vulneran derechos previamente establecidos en el segundo debate en la Cámara de Representantes.

Uno de los puntos más controvertidos es la modificación de los recargos nocturnos. La nueva ponencia establece que solo se pagará este recargo a quienes laboren en empresas que no sean mipymes después de las 7 de la noche, lo que, según la CUT, excluiría al 80% de los trabajadores y generaría una «discriminación inaceptable».

En relación con los recargos dominicales y festivos, la propuesta establece una distinción que la CUT considera «repelente», reconociendo únicamente el 100% en domingos y el 75% en festivos, lo que limita significativamente la compensación para los días de descanso.

La CUT también criticó la eliminación del carácter laboral del contrato de aprendizaje y la figura patronal del contrato sindical. Asimismo, se eliminarían licencias por citas médicas programadas e incapacidades menstruales, así como la licencia de paternidad para transportadores.

Además, la propuesta de reforma a la salud sugiere contratos a término fijo de hasta cinco años, lo que las centrales obreras consideran una burla a la estabilidad laboral. Estas organizaciones han calificado las medidas como «absolutamente inadmisibles» y argumentan que «destruyen los derechos que se intentaban recuperar».

Ante esta situación, la CUT y la CGT han decidido retirar su apoyo a la reforma laboral en trámite en la Comisión IV del Senado, denunciando que «la mayoría de los senadores están atendiendo los intereses de la oligarquía en detrimento de los trabajadores».

Finalmente, las centrales obreras enfatizaron que la consulta popular propuesta por el gobierno de Petro «es el mejor mecanismo de participación ciudadana, no solo para los trabajadores, sino para el pueblo en general».

La oposición de las centrales obreras a la reforma laboral refleja una profunda preocupación por la protección de los derechos de los trabajadores en Colombia. Las modificaciones propuestas son vistas como un retroceso en la lucha por condiciones laborales justas y equitativas. La decisión de retirar su apoyo y la insistencia en la consulta popular subrayan la necesidad de una mayor participación ciudadana en las decisiones que afectan a la clase trabajadora y al país en su conjunto. Este conflicto pone de manifiesto la creciente tensión entre los intereses económicos y la defensa de los derechos laborales en el contexto actual de Colombia.

Por: Sebastian Orjuela