La reciente decisión de 16 exparamilitares, liderados por Salvatore Mancuso, de suspender su rol como gestores de paz, no solo representa un revés operativo para el proceso de paz total del gobierno Petro, sino que deja al descubierto una verdad aún más preocupante: la existencia de fracturas profundas dentro del propio aparato encargado de liderar la reconciliación nacional.

Los gestores de paz acusan nada menos que a altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de sabotear el proceso. Nombran, con nombres propios, al comisionado Otty Patiño, al negociador Álvaro Jiménez y a María Paz Lara, a quienes señalan de actuar como “enemigos internos”. Esta expresión, más allá de su dureza, resuena con fuerza por lo que implica: el conflicto ya no solo está en las selvas, en los territorios olvidados o en los frentes armados, sino enquistado en el corazón mismo del Estado.

¿Puede hablarse de paz total si los propios gestores que simbolizan el tránsito de la violencia a la legalidad denuncian ser obstaculizados desde adentro? ¿Qué credibilidad conserva un proceso que, lejos de sumar voluntades, parece devorarse a sí mismo por desconfianzas, agendas paralelas y luchas internas?

El gesto de Mancuso y los suyos —por polémico que resulte para muchos sectores del país— tenía un valor simbólico incuestionable: demostrar que incluso quienes fueron protagonistas de los peores años del conflicto podían ahora contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición. Su retiro, entonces, es más que una decisión operativa: es un síntoma de la crisis de liderazgo y cohesión en el proceso de paz.

Desde el Gobierno, el silencio ha sido la primera respuesta. Algunas voces cercanas han intentado deslegitimar la denuncia, insinuando que se trata de una forma de presión para conseguir beneficios. Pero, incluso si existieran intereses ocultos, la gravedad de las acusaciones no puede ser minimizada ni desestimada sin una investigación rigurosa.

El proceso de paz total ya enfrentaba enormes desafíos: la fragmentación de los actores armados, los avances lentos en las negociaciones con el ELN y el Clan del Golfo, y el escepticismo de una ciudadanía golpeada por la inseguridad. A eso ahora se suma una crisis interna que amenaza con minar la confianza de todos los sectores involucrados.

La paz no se decreta ni se firma en un escritorio. Se construye con voluntad, transparencia y coherencia institucional. Si el Gobierno no es capaz de alinear su propia casa, difícilmente podrá convencer al país de que la reconciliación es posible.

Porque al final, la paz no fracasa por los enemigos externos. Fracasa cuando quienes deben protegerla se convierten en su principal amenaza.

Por: Mayra Ojeda