La Corte Suprema reconoce a Petro y Coronell como víctimas en las “chuzadas” del DAS

El juicio contra Andrés Peñate continuará, y podría revelar más detalles sobre la cadena de mando detrás de estas prácticas ilegales.

Bogotá, 23 de julio de 2025. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido como víctimas al presidente Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell en el juicio contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por las interceptaciones y seguimientos ilegales realizados entre 2005 y 2007. Este reconocimiento les permite participar en el proceso penal y solicitar medidas de reparación.

En ese período, Gustavo Petro era congresista de oposición y crítico del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siendo objeto de vigilancia y perfilamientos irregulares. Su abogado, Alejandro Carranza, argumentó que estas acciones atentaron contra sus derechos fundamentales y su ejercicio político, convirtiéndolo en un «enemigo interno» por el uso de la fuerza estatal para perseguirlo e interceptarlo. Por su parte, Andrés Peñate, quien dirigió el DAS entre 2005 y 2007, enfrenta cargos por su presunta participación en este esquema de espionaje. Sin embargo, en un comunicado, Peñate negó haber ordenado, autorizado o tolerado el uso de la entidad para perseguir a opositores o críticos, asegurando que su gestión se apegó a la Constitución y la ley.

Además de Petro y Coronell, la Corte acreditó como víctimas al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y a seis exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia: Luis Javier Osorio, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio, Jorge Luis Quintero Miranés, Javier de Jesús Zapata Ortiz y Alfredo Gómez Quintero. También se incluyó al partido Polo Democrático Alternativo; estas figuras fueron blanco del espionaje ilegal desplegado por el DAS, que las consideraba «enemigos internos» del Estado.

Este caso se suma a condenas anteriores relacionadas con el escándalo del DAS, como las de María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, ambos condenados por su papel en la creación de una estructura clandestina de inteligencia. Las investigaciones judiciales revelaron que el DAS operó una oficina secreta, denominada G3, dedicada a la vigilancia ilegal de opositores políticos y miembros del poder judicial, bajo la justificación de una «guerra jurídica» contra el gobierno.