El proyecto de Ley “Paz Total”  propone penas reducidas y beneficios jurídicos para quienes entreguen sus armas, pero excluye todo tipo de trato político o especial.

Bogotá, 18 de julio de 2025. Este viernes, el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó ante el Consejo Superior de Política Criminal el borrador del proyecto de ley de “Paz Total”. La iniciativa busca establecer mecanismos jurídicos para facilitar el sometimiento de agrupaciones armadas ilegales sin carácter político y organizaciones del crimen organizado.

Aunque el texto aún no ha sido radicado ante el Congreso, se espera que sea presentado oficialmente el próximo 20 de julio, coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura. El proyecto representa una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La propuesta redefine la política criminal, ofreciendo beneficios jurídicos a los grupos que se desmovilicen voluntariamente. Sin embargo, no contempla beneficios políticos ni justicia transicional para sus integrantes. Montealegre aclaró que ni los delincuentes comunes ni colectivos urbanos como la denominada Primera Línea recibirán estatus político, y serán tratados bajo un régimen de sostenimiento.

El borrador contempla penas de cinco a ocho años para quienes se acojan al proceso, entreguen sus armas y bienes, cesen sus actividades delictivas y colaboren con la justicia. Quienes ya hayan cumplido ese periodo en prisión podrán solicitar la libertad condicional.

Entre los elementos más novedosos se incluye el reconocimiento de las organizaciones como sujetos del delito y la figura de doble imputación, que responsabiliza tanto a individuos como a estructuras criminales. Al tratarse de una ley ordinaria, su trámite legislativo será más ágil y no requiere crear una jurisdicción especial ni modificar el sistema penal acusatorio vigente.

El ministro explicó que el modelo se inspira en la doctrina penal alemana, la cual permite abordar eficazmente el desmantelamiento de organizaciones criminales al tipificar los delitos de estructura. El proyecto también plantea un tratamiento diferenciado para actores urbanos y manifestantes, pero sin reconocerlos como combatientes ni otorgarles beneficios de justicia transicional.

El documento será revisado por el Consejo Superior de Política Criminal, compuesto por figuras como la fiscal general Adriana Camargo, el procurador Gregorio Hatch, la presidenta de la Sala Penal Miriam Ávila y el defensor del Pueblo Iris Marín. Luego de recibir sus recomendaciones, podría ser radicado oficialmente ante el Congreso.

Eliana Rodríguez Gómez
Periodista Revista Congreso ALD