La Fiscalía General de la Nación solicitó este viernes 6 de junio que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sea enviado a prisión por su presunta participación en el millonario escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González, quien actualmente se encuentra fuera del país y cuyo paradero es desconocido, fue imputado el pasado 21 de mayo por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. En la diligencia adelantada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, el exfuncionario no aceptó los cargos.

Según el ente acusador, en el año 2023, González habría gestionado junto con Olmedo López (exdirector de la UNGRD) la asignación irregular de 70.000 millones de pesos en contratos dirigidos a los entonces presidentes del Congreso: Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes).

No obstante, debido a supuestos apuros de los legisladores, se habría acordado la entrega en efectivo de 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle, pagos que presuntamente se realizaron entre el 12 y el 14 de octubre de 2023.

Como intermediaria en la operación estaría Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, también imputada en el caso y actualmente en prisión. A cambio de estas coimas, los congresistas habrían ofrecido su respaldo a las reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso, Patiño, señaló:

“La solicitud que hoy se eleva a su despacho no se basa en simples sospechas carentes de respaldo, sino que por el contrario existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de razonabilidad, fundamentan la medida de aseguramiento y preservan el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución.”

Por: Mayra Ojeda