Tras un juicio histórico de 67 días, Álvaro Uribe  se convierte en el primer exmandatario en recibir una condena penal en el país.

Bogotá, 29 de julio de 2025. En un fallo sin precedentes, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, absolviéndolo únicamente del cargo de soborno simple. Esta decisión marca un hito en la historia judicial de Colombia, al convertirse Uribe en el primer exmandatario condenado penalmente en el país.

El caso se remonta a 2012, cuando el entonces expresidente denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó esa denuncia y, en una inesperada reversión, inició una investigación contra Uribe. A raíz de esto, salieron a la luz hechos que involucraban a su abogado, Diego Cadena, quien habría ofrecido dinero y beneficios judiciales a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones. Esta estrategia incluyó contactos directos con testigos recluidos y grabaciones que evidenciaban intentos de soborno y manipulación.

Durante el juicio, se presentaron interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, validadas como prueba legal. Estas grabaciones mostraron que el expresidente estaba al tanto de las gestiones que su abogado realizaba en cárceles, donde contactaba a testigos como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez (alias “Víctor”) y Eurídice Cortés (alias “Diana”). A cambio de retractarse o modificar sus versiones, se les ofrecían beneficios jurídicos, dinero y ayudas humanitarias.

La investigación dio un giro crucial en 2020, cuando Uribe renunció al Senado, lo que trasladó el caso a la justicia ordinaria. Luego de años de trámites, recusaciones y cambios de fiscal, en 2024 se presentó la acusación formal por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. El juicio, que se prolongó por 67 días entre febrero y julio de 2025, culminó con el fallo condenatorio emitido este 28 de julio.

La jueza Heredia afirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder”, destacando la independencia judicial frente a figuras de gran influencia política y social. El fallo se fundamentó en un extenso análisis probatorio, que incluyó interceptaciones telefónicas, grabaciones encubiertas y testimonios avalados por la Corte Suprema, los cuales demostraron la participación activa del expresidente como determinador de los delitos.

Aunque no se ordenó su captura inmediata, la jueza indicó que, dada la naturaleza de los delitos y el rango de penas (entre 4 y 8 años), Uribe podría acceder al beneficio de prisión domiciliaria, especialmente considerando su edad (73 años) y la ausencia de antecedentes penales. La sentencia definitiva será leída el 1 de agosto, y se espera que la defensa interponga una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El fallo ha generado reacciones polarizadas. Figuras del uribismo como María Fernanda Cabal y Federico Gutiérrez lo calificaron como una injusticia política, mientras aliados como Abelardo de la Espriella convocaron marchas. Andrés Pastrana pidió respeto al veredicto, aunque expresó inquietudes sobre la argumentación jurídica.

Por el contrario, miembros del Pacto Histórico, como Iván Cepeda, celebraron la decisión como un avance contra la impunidad. El presidente Gustavo Petro defendió la independencia judicial y pidió proteger a la jueza, mientras desde el exterior políticos estadounidenses criticaron el fallo, y medios internacionales resaltaron su carácter histórico.

Eliana Rodríguez Gómez
Periodista Revista Congreso ALD