La Guajira, un departamento colombiano conocido por su riqueza cultural y paisajes imponentes, vuelve a ser noticia, pero esta vez por un escándalo de corrupción que pone en jaque la salud y bienestar de sus comunidades indígenas. Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2022 y 2023 se desviaron más de 20.000 millones de pesos colombianos a través de contratos irregulares otorgados a empresas ficticias o infladas, destinados a cubrir necesidades esenciales como el acceso a agua potable, alimentación escolar y atención en salud.

La investigación ha revelado que gran parte de estos servicios nunca se prestaron, dejando a las comunidades en una situación crítica. Funcionarios públicos del nivel departamental y empresarios con conexiones políticas están entre los responsables, varios de los cuales ya han sido capturados.

Este escándalo no es un hecho aislado. En años anteriores, La Guajira ha sido escenario de múltiples casos de corrupción. En 2016, la exgobernadora Oneida Pinto fue destituida por irregularidades en la contratación. En 2019, el exmandatario Wilmer González enfrentó medidas de aseguramiento por compra de votos y fraude electoral. Además, en 2022, el Contralor General alertó sobre irregularidades que superan los 100.000 millones de pesos ejecutados entre 2018 y 2021.

La corrupción en La Guajira trasciende lo económico y se manifiesta como una forma de violencia estructural. Actualmente, más de 4.000 niños wayuu sufren de desnutrición crónica, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Al mismo tiempo, muchas comunidades enfrentan el consumo de agua contaminada o carecen completamente de acceso al líquido vital.

Lo que está ocurriendo en La Guajira no solo representa una tragedia administrativa, sino que se configura como una emergencia humanitaria prolongada por la negligencia, la impunidad y el olvido estatal.

Por: María Gómez