El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue designado como ponente del estudio que definirá la legalidad del decreto presidencial.

Por sorteo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, fue asignado como el encargado de estudiar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 11 de junio, mediante el cual se convoca a una consulta popular. La norma ha generado amplios cuestionamientos jurídicos y políticos, principalmente en torno a su constitucionalidad y al respeto por la separación de poderes.

Este proceso será decisivo para establecer si la consulta propuesta por el Gobierno podrá avanzar o si, por el contrario, deberá ser archivada por posibles vicios de forma o de fondo. La Corte deberá determinar si el contenido y los mecanismos del decreto se ajustan a los principios de la Carta Política.

El magistrado Ibáñez ha sido una de las voces más críticas frente a diversas iniciativas del Ejecutivo en los últimos meses. Se ha caracterizado por defender con firmeza la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado. Durante la posesión de la magistrada Lina Escobar, y con la presencia del presidente Petro, Ibáñez recalcó: “Un compromiso visible de que la justicia se ejerce sin servidumbres ni presiones externas, solo bajo el imperio de la Constitución”.

Tras el reparto oficial del caso, el despacho del magistrado deberá ordenar las pruebas pertinentes y solicitar los conceptos técnicos y jurídicos que sirvan de base para la elaboración de la ponencia. Este documento será luego sometido a discusión y votación en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Además del estudio de fondo, la Corte deberá resolver varias recusaciones interpuestas contra magistrados considerados cercanos al presidente Petro, como Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, y Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del jefe de Estado durante varios años. Los recursos buscan garantizar imparcialidad en un fallo que tendrá profundas implicaciones políticas e institucionales.

La revisión del decreto presidencial se convierte así en un nuevo capítulo del creciente pulso entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, en un contexto donde la autonomía de los poderes y el respeto por las formas democráticas están en el centro del debate nacional.

Por: Mayra Ojeda.