Un nuevo caso de presuntas irregularidades en la facturación de servicios de salud ha encendido las alarmas en el país. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación la apertura de una investigación contra 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por facturar servicios médicos sin contar con la infraestructura necesaria para prestarlos, lo que representa un posible detrimento patrimonial por más de 79.000 millones de pesos.

De acuerdo con el director de la Adres, Félix León Martínez, las auditorías adelantadas por la entidad en conjunto con tres firmas contratadas en 2024 y un equipo de auditoría concurrente interno permitieron identificar patrones anómalos en la presentación de reclamaciones. Según los hallazgos, el incremento desproporcionado en solicitudes de pago por procedimientos médicos-quirúrgicos a víctimas de accidentes de tránsito en vehículos sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o inexistentes despertó sospechas sobre la veracidad de las reclamaciones.

Una investigación que involucra a varias regiones

Las irregularidades detectadas no se concentraron en un solo punto del territorio nacional, aunque la mayor incidencia se presentó en la región Caribe, con 28 municipios del Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena afectados. Estas cifras sugieren la existencia de una red de facturación indebida que podría haber operado de manera sistemática, aprovechando brechas en los sistemas de control y supervisión del sector salud.

La Adres estableció que, de las 52 IPS analizadas, 26 no presentaron recurso de reposición frente a los hallazgos, por lo que la suspensión de pagos quedó en firme. A otras diez que sí recurrieron se les negó la solicitud, mientras que tres más están en proceso de notificación. De las entidades investigadas, solo nueve lograron demostrar la legalidad de sus reclamaciones y obtuvieron una resolución favorable.
Tecnología y auditoría: herramientas clave en la detección de anomalías

Para evitar que recursos públicos destinados a la atención médica sean desviados, la Adres ha fortalecido sus mecanismos de supervisión mediante herramientas tecnológicas e informáticas que permiten identificar desviaciones en las tendencias de facturación. Estas medidas incluyen auditorías en terreno que verifican la existencia real de los servicios facturados y la contrastación de información a través del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.

Las conclusiones de esta investigación han sido trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar si existen méritos suficientes para formular cargos penales contra las IPS implicadas. Entre los delitos que podrían configurarse están la falsedad en documento público, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

Impacto en el sistema de salud y medidas preventivas

El hallazgo de estas presuntas irregularidades genera preocupación no solo por el impacto financiero en el sistema de salud, sino también por las posibles consecuencias en la calidad de los servicios para los ciudadanos. En un contexto donde la eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una prioridad, este caso subraya la necesidad de continuar fortaleciendo los controles y sancionar ejemplarmente a quienes intenten lucrarse indebidamente de los fondos destinados a la atención médica.

El sector salud, clave en la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos, enfrenta un desafío constante en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia. Las acciones tomadas por la Adres y la Fiscalía marcarán un precedente en la vigilancia de la correcta utilización de los recursos y en la responsabilidad de los actores del sistema.

La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas semanas se conozcan avances sobre las decisiones judiciales y administrativas que se tomen frente a este caso, que ha puesto nuevamente en el centro del debate la transparencia en la gestión de los fondos públicos de salud.

Por: Edward Cipagauta