En medio de un ambiente político polarizado, el país se enfrenta a un nuevo episodio de tensión institucional tras la expedición de un decreto presidencial que convoca a la ciudadanía a una consulta popular. La medida ha generado un amplio debate jurídico y político, debido a que la iniciativa fue presentada previamente ante el Congreso de la República y no logró obtener la mayoría necesaria para su aprobación en el Senado.

El decreto establece que la consulta se llevaría a cabo el próximo 7 de agosto, y ha sido remitido a la Corte Constitucional para su revisión. Diversos sectores han manifestado su preocupación por lo que consideran un posible desconocimiento de las competencias del Legislativo, al tiempo que se ha desatado una serie de acciones legales con el fin de frenar la implementación de la medida por vía judicial.

Desde el Ejecutivo, se argumenta que el mecanismo de participación ciudadana se enmarca dentro de los principios de soberanía popular y democracia directa, y que su fundamento encuentra precedentes históricos en otros momentos constituyentes del país. No obstante, varios analistas han advertido que una convocatoria de este tipo sin el respaldo explícito del Congreso podría abrir una discusión compleja sobre los límites del poder presidencial y el respeto por el equilibrio entre ramas del poder público.

Voceros de distintas corrientes políticas, especialmente mandatarios regionales y juristas, han manifestado su preocupación por lo que consideran una ruptura con los procedimientos establecidos en la Constitución. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto y su conformidad con los principios democráticos, en un fallo que marcará un precedente sobre el uso de consultas populares impulsadas directamente desde la Presidencia.

El debate, en cualquier caso, refleja un momento clave para la democracia colombiana, en el que el respeto por la institucionalidad, el diálogo entre poderes y la claridad jurídica son elementos esenciales para mantener la estabilidad y la legitimidad del Estado de Derecho.

Por: Edward Cipagauta