La Lista Clinton (OFAC) incluye a Gustavo Petro y su familia. Analizamos el golpe político, el impacto en la gobernabilidad y la reacción inmediata del Congreso.

La política colombiana ha entrado en una fase de crisis institucional inédita: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido al presidente Gustavo Petro, a la primera dama Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro en la temida Lista Clinton (Lista OFAC) por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y crimen organizado. La imposición de Sanciones a Petro y su familia es un golpe político y financiero sin precedentes para un jefe de Estado en ejercicio y domina por completo el cierre de semana. La noticia ha generado una alarma inmediata en el Congreso de la República, que deberá definir su postura frente a la soberanía nacional y la continuidad de la gobernabilidad.

La inclusión en la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) implica, automáticamente, el congelamiento de cualquier activo o cuenta bancaria que las personas señaladas puedan tener en Estados Unidos y prohíbe a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar transacciones con ellos. Las Sanciones a Petro se dan en medio de la escalada verbal con Donald Trump y las controversias internas, intensificando la presión sobre el Ejecutivo. El Gobierno, a través de la Cancillería, ha calificado la acción como una «intervención hostil» y ha anunciado medidas de reciprocidad diplomática. Expertos en derecho internacional señalan que, aunque la medida se dirige a individuos, el impacto en las relaciones binacionales y la percepción de riesgo del país será inevitable y profundo. La magnitud de la decisión sugiere que Washington ha escalado la tensión más allá del mero roce diplomático, llevando la crisis a un punto de no retorno.

El Congreso en Jaque: Control Político y Gobernabilidad

El Congreso de la República se convierte en el epicentro de la crisis. Las bancadas de la oposición han reaccionado exigiendo de inmediato que se convoque a un debate de control político urgente, buscando claridad sobre las bases de las Sanciones a Petro y el impacto que esta situación tendrá en los acuerdos de cooperación binacional, especialmente en temas de seguridad y lucha contra las drogas en el territorio. Senadores de partidos independientes han expresado su profunda preocupación por la estabilidad institucional, señalando que la legitimidad del Presidente está en entredicho internacionalmente. La Mesa Directiva del Congreso se enfrenta a la difícil tarea de balancear la defensa de la dignidad presidencial con la necesidad de garantizar la transparencia y la estabilidad de las instituciones nacionales, siendo un reflejo de la crisis que vive la nación.

El mayor desafío para el Legislativo es la gobernabilidad. Con el Presidente bajo Sanciones a Petro, la capacidad del Ejecutivo para negociar y tramitar proyectos clave, como la Constituyente de Petro o el Presupuesto General de la Nación, se ve drásticamente reducida. El control político se centrará en exigir al Gobierno la presentación de pruebas contundentes que desmientan los señalamientos del Tesoro estadounidense o, en su defecto, en iniciar procedimientos internos por indignidad o incapacidad moral sobreviniente. La bancada de gobierno se verá obligada a una defensa cerrada, lo que generará una paralización virtual de la agenda legislativa durante las próximas semanas, pues toda la atención y los recursos se desviarán a la atención de esta crisis. El pulso entre ramas se acentúa.

Impacto Financiero y en el Territorio

Las Sanciones a Petro van más allá de lo político. La incertidumbre generada impacta de inmediato los mercados financieros. La devaluación del peso y el riesgo país se han disparado, afectando la confianza de los inversionistas extranjeros. Para el territorio, las consecuencias son graves: los proyectos de cooperación y la ayuda económica de Estados Unidos en zonas rurales afectadas por el conflicto (muchos ligados a la erradicación de cultivos ilícitos) podrían verse paralizados o suspendidos, complicando aún más la ya difícil situación de seguridad y la implementación de la Paz Total. La ayuda militar, vital en el territorio para combatir grupos armados organizados, también corre riesgo. La economía colombiana sentirá el golpe de esta decisión, lo que obligará al Congreso a convocar a los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores para presentar un plan de mitigación.

La tarde de este viernes es de máxima tensión. El Gobierno busca contener la crisis, mientras el Congreso se debate entre la defensa de la soberanía y la protección de la estabilidad institucional. Las Sanciones a Petro abren una etapa de incertidumbre política sin precedentes.

Por: Edward Cipagauta