El choque de poderes desatado por las acusaciones de extorsión entre el Ejecutivo y la Fiscalía genera una profunda Crisis Institucional . Analizamos el impacto en la agenda legislativa y el control territorial.

La Crisis Institucional que vive Colombia no se mide solo en cifras de polarización, sino en la paralización de la agenda legislativa y la profunda fractura de la confianza ciudadana en la cúspide del poder. La reciente declaración de Nicolás Petro, donde acusa al exfiscal Francisco Barbosa de intentar extorsionar al Presidente a cambio de mantener a la vicefiscal Marta Mancera, ha detonado el pulso más peligroso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en años. Para la Revista Congreso ALD, este no es un simple titular judicial; es el factor que hoy está redefiniendo el clima político del país y descuidando las necesidades urgentes del territorio.

El choque es de magnitudes históricas. Cuando se cruzan acusaciones de extorsión y chantaje en el más alto nivel, la legitimidad de las instituciones que deben administrar justicia y gobernar la nación queda en entredicho. Esta Crisis Institucional trasciende los nombres; afecta la esencia misma de la democracia: la separación de poderes y la presunción de integridad.

El Efecto Parálisis en el Congreso

El Capitolio Nacional se ha convertido en la caja de resonancia de este conflicto, y su principal víctima es la eficiencia legislativa. Las Comisiones de Acusaciones, la Comisión Primera y las plenarias se ven forzadas a desviar su atención de temas vitales para el territorio —como el debate del Presupuesto 2026, la reforma a la salud o la ley de ordenamiento territorial— para centrarse en el control político.

La oposición utiliza este escándalo como munición para generar debates de moción de censura y control, mientras que las bancadas de gobierno se ven obligadas a operar en modo defensivo. Esta parálisis legislativa es un golpe directo a la gobernanza regional: proyectos clave que esperan aval para la inversión en infraestructura, agua potable o educación en los municipios, quedan archivados o demorados indefinidamente por el ruido de la política central. La Crisis Institucional se traduce en un abandono de la responsabilidad con el ciudadano.

La Profundización del Abandono Territorial

El impacto de la Crisis Institucional se siente con mayor crudeza en los municipios que dependen de la aprobación de cupos de endeudamiento y la asignación de vigencias futuras. El tiempo que el Congreso dedica a dirimir la lucha entre el Ejecutivo y el Judicial es tiempo perdido para el Territorio. Un proyecto de ley que podría acelerar la construcción de un hospital en el Chocó o la electrificación de zonas rurales en el Guainía, queda postergado en el limbo burocrático, mientras los líderes políticos centrales se enfrascan en esta disputa.

La falta de un ambiente de trabajo estable en el Congreso alimenta la desconfianza de los alcaldes y gobernadores, quienes ven cómo sus esfuerzos por asegurar recursos se desvanecen ante la inestabilidad. Esta situación refuerza la percepción de que la alta política solo se preocupa por sí misma, profundizando la brecha entre el centro de poder y la realidad de las comunidades.

La Paz Total y la Deuda de Credibilidad

El escándalo de extorsión tiene un impacto corrosivo en la ya cuestionada política de Paz Total. La credibilidad del Estado es la moneda más valiosa en cualquier negociación con grupos armados ilegales. Cuando el mismo Gobierno y la Justicia se enfrascan en acusaciones mutuas de corrupción y chantaje, la voluntad de negociación del Estado se debilita.

Los grupos armados en el territorio ganan argumentos para desconfiar de cualquier acuerdo, y el Estado pierde la autoridad moral necesaria para exigir el cumplimiento de los compromisos. El concepto de «Estado de derecho» se desvanece en las zonas de conflicto, reforzando la tesis de que la ley es un instrumento de venganza política, no de justicia imparcial.

La Urgencia de un Acuerdo Mínimo

Para superar esta Crisis Institucional, no bastará con que la justicia investigue (que debe hacerlo con celeridad). Se requiere un acuerdo político mínimo de tregua institucional entre las altas esferas del poder. El Congreso, en su rol de articulador político, debe ser el escenario donde se exija a los líderes del Ejecutivo y Judicial garantizar que sus pugnas personales no secuestren la agenda nacional.

La lealtad a la nación y al territorio debe prevalecer sobre la lealtad a las facciones. De lo contrario, la Crisis Institucional continuará devorando los recursos, el tiempo y la confianza necesarios para que Colombia pueda avanzar en su desarrollo regional. La solución es política, y debe venir del liderazgo que priorice la estabilidad sobre el ego.

Por: Edward Cipagauta