La Procuraduría exige el convenio para expedir Pasaportes en Colombia , generando una crisis que pone en riesgo el servicio. Analizamos el choque de poderes y sus consecuencias.

El futuro de la emisión de Pasaportes en Colombia se encuentra hoy en el limbo, luego de que la Procuraduría General de la Nación presentará una contundente demanda de nulidad contra el convenio interadministrativo que la Cancillería firmó para asegurar la continuidad del servicio. Este movimiento judicial no es solo un trámite legal, sino el punto más álgido de una nueva crisis institucional que confronta directamente a un órgano de control con el Poder Ejecutivo y que pone en riesgo la función administrativa del Estado. Para la Revista Congreso ALD , este conflicto tiene graves implicaciones para la gobernabilidad , el territorio y la imagen internacional del país.

El conflicto se remonta a la forma en que el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando dar continuidad a la expedición de Pasaportes en Colombia tras meses de fracasos licitatorios, optó por un convenio directo sin pasar por los rigores de una licitación pública. La Procuraduría argumenta que esta figura no se ajusta a la ley y que la falta de competencia y transparencia afectó los principios de la contratación estatal. Con esta demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es ahora el árbitro de una disputa que podría paralizar la entrega de uno de los documentos más vitales para los ciudadanos.

El Riesgo de la Parálisis en el Territorio y el Exterior

Las consecuencias de una posible anulación del convenio son inmediatas y alarmantes. Si el Tribunal falla a favor de la Procuraduría, la Cancillería se vería obligada a suspender la emisión de Pasaportes en Colombia de manera temporal, hasta que se logre adjudicar un nuevo proceso contractual, lo que podría tomar meses.

Este escenario generaría un caos administrativo sin precedentes tanto en Bogotá como en las oficinas regionales y los consulados alrededor del mundo. Millones de colombianos que requieren el documento para viajar, estudiar o trabajar en el exterior se verían afectados. El territorio se sentiría particularmente golpeado, pues las oficinas de expedición en capitales secundarias dependen de la estabilidad central del servicio. El impacto en la movilidad internacional y en la percepción de la gestión pública sería catastrófico. Es fundamental recordar que sin Pasaportes en Colombia vigentes, el ciudadano está, en la práctica, limitado dentro de las fronteras nacionales.

El Congreso y el Control Político Inminente

Más allá del ámbito judicial, este caso tiene una profunda raíz política . La gestión del proceso de pasaportes ha sido una de las fallas más críticas del actual Gobierno. Con la demanda de la Procuraduría en curso, es inminente que el tema escale al Congreso de la República .

Se espera que las bancadas de oposición utilicen esta coyuntura para citar al Ministro de Relaciones Exteriores a debate de control político , e incluso, considerar una posible moción de censura. El Legislativo exigirá claridad sobre las razones que llevaron a la Cancillería a optar por una figura contractual tan cuestionada, y sobre todo, exigirá garantías para la continuidad del servicio a los ciudadanos. Este episodio pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para defender su gestión ante el escrutinio del Poder Legislativo .

La Gobernabilidad a Prueba

La crisis generada por el proceso de emisión de Pasaportes en Colombia es un nuevo síntoma de la tensión entre los poderes. La Procuraduría, como ente de vigilancia, está cumpliendo su función, pero al hacerlo, confronta la forma en que el Gobierno está manejando sus procesos más críticos.

El fallo del Tribunal de Cundinamarca será definitivo, no solo para la expedición de los documentos, sino para la propia gobernabilidad . Un resultado adverso para el Gobierno podría debilitar aún más su posición frente a las reformas y los desafíos de gestión que enfrenta. La necesidad de una solución transparente y rápida es imperativa para restaurar la confianza pública y evitar que el caos administrativo se apodere de la ventana principal de Colombia al mundo. La Cancillería debe ahora responder no solo al Tribunal, sino también a las demandas de claridad y transparencia de la ciudadanía y del Congreso.

Por: Edward Cipagauta