Un juzgado penal en Bogotá ha condenado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), a cinco años y ocho meses de prisión por su involucramiento en uno de los escándalos de corrupción más notorios durante el Gobierno de Gustavo Petro. La noticia se produce tras una serie de revelaciones periodísticas a principios de 2024, que llevaron a Pinilla a renunciar a su cargo y a confesar que había entregado ilegalmente fondos públicos a expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes con el fin de obtener su apoyo para las reformas del Gobierno.

El juez encontró a Pinilla culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravada, convirtiéndose en el primer funcionario judicialmente condenado por este tipo de desfalcos desde la UNGRD. Pinilla, ingeniero de 38 años, había tenido una carrera política prometedora, habiendo sido alcalde de Sabana de Torres y subdirector de Manejo de Desastres bajo la dirección de Olmedo López.

La investigación se intensificó cuando se reveló que la UNGRD había pagado 46.800 millones de pesos (aproximadamente 12 millones de dólares) por 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, los cuales nunca llegaron. Pinilla admitió haber entregado 3.000 millones de pesos (770.000 dólares) al entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros 1.000 millones de pesos (260.000 dólares) al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Además, Pinilla proporcionó a la justicia varios chats que implican a otros altos funcionarios del Ejecutivo en el escándalo. Entre ellos estaban López, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Actualmente, López se encuentra en prisión y ha aceptado cargos, mientras que otros involucrados también enfrentan procesos judiciales.

La condena de Sneyder Pinilla marca un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia, evidenciando la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Este caso resalta cómo los escándalos de corrupción pueden comprometer la confianza en las instituciones y la administración pública, y subraya la importancia de seguir investigando y sancionando a quienes abusan de su poder para el beneficio personal. La situación actual también plantea interrogantes sobre el futuro de otros altos funcionarios implicados y la efectividad de las medidas tomadas por la Fiscalía para abordar estos delitos.

Por: Sebastian Orjuela