El Gobierno Nacional instaló formalmente la Comisión de Financiamiento como nuevo órgano interinstitucional, con el que busca trazar un camino real y sostenible para garantizar la asistencia y reparación integral a los más de 9.9 millones de afectados en el país.

Bogotá, 19 de junio de 2025. La creación de esta Comisión es un reconocimiento al fuerte desafío que representa la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el país, el costo estimado para la implementación de la Ley 2421 de 2024 (que reformó la Ley de Víctimas) supera los $161.18 billones de pesos hasta 2031. A pesar de una inversión previa de aproximadamente $13.3 millones desde 2011, esta cifra sólo ha cubierto el 17% de las víctimas registradas, dejando un 83% aún por reparar.

La directora de Prosperidad Social, Carolina Hoyos Villamil, subrayó la importancia de este momento: «Garantizar sus derechos es un compromiso impostergable. Este paso que damos hoy es un reconocimiento histórico a todo el proceso y a la lucha que han encabezado las propias víctimas». Por su parte, Adith Rafael Romero Polanco, director de la Unidad para las Víctimas, enfatizó que: «La paz no se decreta, se financia. No hay justicia sin voluntad y no hay voluntad sin compromiso presupuestal para atender integralmente a las víctimas de Colombia».

La Comisión de Financiamiento tiene la misión de identificar y estructurar nuevas fuentes y mecanismos de financiación que permitan la implementación integral y efectiva de la Ley 2421 de 2024. Su función principal es calcular con rigurosidad el costo acumulado de la deuda histórica del Estado con las víctimas y diseñar las rutas para saldarla, concertando compromisos presupuestales con las entidades del orden nacional y territorial.

Esta instancia clave está conformada por representantes de la Unidad para las Víctimas, Prosperidad Social, los ministerios de Hacienda e Igualdad, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Ministerio Público, y activamente, la Mesa Nacional de Participación de Víctimas y comunidades étnicas. Su funcionamiento periódico, con sesiones bimestrales, buscará asegurar la transparencia y la participación en la construcción de un modelo de financiación robusto.

La instalación de esta Comisión representa un avance significativo hacia la viabilidad real de la política pública de víctimas, buscando superar los rezagos presupuestales que han limitado su alcance en el pasado. Es una apuesta del Gobierno por una reparación integral que garantice verdad, justicia, y no repetición, elementos esenciales para la construcción de una paz duradera en Colombia.

Por: Laura Valentina López 

Periodista Revista Congreso ALD