El aumento salarial de los congresistas colombianos ha suscitado un intenso debate en el país. A partir de 2025, su remuneración mensual se incrementará de $48 millones a aproximadamente $52 millones, gracias a un ajuste retroactivo que se aplicará desde enero. Esta decisión ha generado críticas en redes sociales y entre diversos sectores políticos, especialmente por la considerable diferencia entre los ingresos de los legisladores y los de la mayoría de los trabajadores.

Este incremento es resultado de un acuerdo alcanzado el 30 de abril entre el Gobierno Nacional y los sindicatos de empleados públicos, que estableció un aumento del 7% para 2025. Dado que los salarios de los congresistas se calculan en función del promedio de aumentos de los servidores del Gobierno Central, esta medida les afecta directamente.

Concretamente, los senadores y representantes recibirán un aumento de $3.360.000, lo que significa que su salario mensual será 37 veces el salario mínimo legal vigente.

La noticia no tardó en provocar reacciones negativas. Figuras públicas, como la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, cuestionaron el contraste entre el aumento de los congresistas y la negativa del Congreso a aprobar beneficios laborales para los trabajadores comunes. Navarro expresó su indignación en redes sociales, señalando la disparidad entre los salarios.

El exsenador Gustavo Bolívar también se pronunció al respecto, criticando el incremento y recordando que el proyecto de ley para reducir el salario de los legisladores sigue estancado en el Congreso, ocupando el puesto 108 en la agenda legislativa.

Mientras tanto, el proyecto que busca limitar el salario de los congresistas a 20 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente $28.470.000 mensuales, continúa sin avanzar. Liderada por el senador Iván Cepeda, esta iniciativa fue presentada nuevamente en enero, pero aún no ha sido debatida. Cepeda denunció la falta de interés del presidente del Senado en discutir su propuesta.

A pesar de las críticas, los congresistas siguen disfrutando de numerosas prebendas, como esquemas de seguridad y auxilios, lo que agrava la percepción de desigualdad en el país. La situación deja al Congreso nuevamente bajo la lupa de la opinión pública, que exige cambios en la regulación salarial de sus representantes.

El futuro del proyecto de rebaja salarial sigue siendo incierto, mientras el Congreso parece continuar priorizando otros asuntos, desoyendo el clamor ciudadano por una mayor equidad.

Por: Sebastian Orjuela