La crisis de seguridad en los departamentos fronterizos continúa siendo una preocupación latente. Recientes hechos evidencian cómo grupos armados ilegales mantienen el control en corredores estratégicos, afectando tanto a la población civil como a miembros de las Fuerzas Militares que transitan por estas zonas.

En el sector limítrofe entre Boyacá y Arauca, dos soldados que se desplazaban de manera particular fueron interceptados por actores armados. La situación ha puesto nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de los efectivos militares fuera de sus labores operacionales y la necesidad de estrategias más eficaces para garantizar el control del territorio. El general Luis Emiro Cardozo, comandante del Ejército, señaló que estos hechos constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, ya que las víctimas no se encontraban en ejercicio de operaciones militares.

Las dinámicas del conflicto en esta región han sido complejas y de larga data. La influencia de grupos al margen de la ley ha generado un clima de zozobra, donde el secuestro y la extorsión se han convertido en prácticas recurrentes. Las autoridades han identificado que estos grupos utilizan la frontera con Venezuela como zona de repliegue y resguardo, lo que dificulta las operaciones de rescate y control por parte de las fuerzas del Estado.

Según reportes de inteligencia militar, el fenómeno de la retención ilegal no solo afecta a miembros de la Fuerza Pública, sino también a la población civil, quienes han denunciado la imposición de peajes ilegales y la presencia de estructuras armadas que limitan la movilidad y el libre tránsito. En lo que va del año, las cifras de secuestro y extorsión en la región han aumentado considerablemente, convirtiéndose en uno de los principales retos para la institucionalidad.

Ante este panorama, recientemente el Tribunal Administrativo de Arauca admitió una acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho en contra del Gobierno Nacional, señalando la falta de control territorial en el departamento. Según la organización, la ausencia de una presencia efectiva del Estado ha permitido que los actores ilegales impongan un régimen de facto sobre la población. La acción busca que se implementen medidas urgentes para la restitución de derechos colectivos, especialmente en comunidades indígenas afectadas por el confinamiento y la violencia generalizada.

El caso de los soldados interceptados y desaparecidos en esta zona representa un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en los territorios con alta presencia de grupos armados. Mientras las autoridades evalúan acciones para mitigar esta problemática, la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan exigiendo garantías de seguridad y una respuesta efectiva del Estado ante el recrudecimiento de la violencia en estas zonas estratégicas del país.

Por: Edward Cipagauta