El Gobierno radica el proyecto de ley para la Constituyente de Petro . Analizamos el impacto en el Congreso y las posturas de los partidos frente a una reforma constitucional profunda.

El Capitolio Nacional se encuentra en estado de máxima alerta política. El Gobierno ha radicado formalmente en el Congreso de la República el proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, encendiendo el debate más profundo sobre el orden constitucional desde 1991. La propuesta de la Constituyente de Petro no es un tema más de la agenda; es un desafío directo a la estructura institucional del país y el tema central que dominará el control político y la deliberación legislativa durante lo que resta del año. Para la Revista Congreso ALD, este proyecto marca un punto de inflexión.

La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo, busca reformar aspectos estructurales del Estado, incluyendo el modelo económico, la justicia social y los mecanismos de participación ciudadana en el territorio. Aunque el Gobierno ha insistido en que el proyecto se ajustará a los procedimientos constitucionales, la oposición y sectores independientes han levantado banderas rojas, temiendo que la Constituyente de Petro se convierta en una vía para prorrogar el mandato presidencial o alterar el equilibrio de poderes. El debate inicial en el Congreso se centra en la constitucionalidad del método de convocatoria, pues la misma Carta Magna establece las vías para su reforma, incluyendo los artículos que limitan el poder del Presidente en este proceso.

El Mecanismo Legal y la Batalla Constitucional

El proyecto de la Constituyente de Petro debe superar varios filtros en el Congreso. Primero, necesita ser aprobado en las comisiones y luego en las plenarias, donde requiere mayorías calificadas. El nudo gordiano está en la interpretación del Artículo 376 de la Constitución, que permite al Congreso convocar la Asamblea, pero siempre previa aprobación popular mediante consulta. La oposición argumenta que las intenciones de fondo del Gobierno podrían desbordar los límites del poder constituyente derivado, lo que llevaría inevitablemente el proyecto a ser revisado por la Corte Constitucional, institución que tendrá la última palabra sobre el marco de acción de la Constituyente de Petro. La tensión entre el poder Legislativo y el Judicial será, de ahora en adelante, el barómetro de la estabilidad política.

El Congreso, Dividido Ante el Espectro de la Constituyente

La polarización que ha caracterizado al actual periodo legislativo se intensifica con el anuncio de la Constituyente de Petro. Las bancadas de gobierno, aunque cautelosas, han manifestado su apoyo a la iniciativa, argumentando que es el mecanismo idóneo para saldar deudas sociales y darle voz a los sectores populares del territorio. Por otro lado, la oposición, liderada por figuras del Centro Democrático y otros partidos tradicionales, ha cerrado filas, prometiendo una batalla jurídica y política frontal en las comisiones y plenarias. Senadores como David Luna han advertido sobre el riesgo de fractura institucional que implica este tipo de reforma, mientras que el Pacto Histórico defiende que es la única manera de implementar los acuerdos de paz y los cambios prometidos en campaña.

El control político del Congreso se enfocará de inmediato en este proyecto. Se espera que los debates en las comisiones sean altamente técnicos y jurídicos, poniendo a prueba la capacidad de argumentación de los ponentes y opositores. La celeridad con la que el Gobierno busque tramitar la Constituyente de Petro será un indicador de su voluntad de negociación o de su intención de imponer una agenda a través de la movilización social en el territorio.

El Territorio y la Pregunta por el Poder Judicial

La Constituyente de Petro resonará con fuerza fuera del Capitolio. En el territorio , la iniciativa será vista por algunos como una esperanza para la reforma agraria y la justicia ambiental, y por otros, como una amenaza a la estabilidad económica y jurídica, especialmente en el Poder Judicial . Se especula que el objetivo final de la Constituyente de Petro podría ser reformar la composición de las altas cortes o el sistema de elección de los órganos de control, lo que genera una resistencia férrea por parte de jueces, magistrados y la Procuraduría. La clave para la supervivencia política del proyecto estará en la capacidad del Gobierno para movilizar a la ciudadanía en apoyo, lo cual podría presionar al Congreso a tramitar la ley con mayor velocidad, obligando a los legisladores a tomar partido claro ante la ciudadanía y el resto de las ramas del Poder Público. El resultado de este pulso político no solo definirá el futuro del actual Gobierno, sino que sentará las bases de la democracia colombiana para las próximas décadas.

Por: Edward Cipagauta