La administración del expresidente Donald Trump ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de obtener respaldo para eliminar el estatus de protección temporal (TPS) de más de 300,000 venezolanos que residen en el país. Esta medida, de ser aprobada, podría facilitar su deportación.

El Departamento de Justicia argumenta que la Corte debe suspender una orden de un juez federal que actualmente impide la decisión de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar dicho estatus legal. En un comunicado, los abogados del departamento afirmaron que “mientras la orden esté vigente, [Noem] debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su razonada determinación de que esto es ‘contrario al interés nacional’”.

La decisión del juez, que sigue en pie, establece que la eliminación de este beneficio generaría “un daño irreparable a cientos de miles de personas”, afectando no solo su bienestar, sino también la salud y seguridad de la comunidad. Además, se estima que esta acción podría costarle a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica.

Esta solicitud se presenta en un contexto complicado, ya que un juez federal en Texas recientemente prohibió al gobierno de Trump utilizar una ley del siglo XVIII, conocida como la de Enemigos Extranjeros, para deportar a venezolanos detenidos en un centro migratorio en ese estado. Esta ley fue empleada por el presidente para deportar a personas de El Salvador asociadas con el Tren de Aragua, quienes fueron enviados a una mega cárcel en El Salvador.

En los primeros 100 días de su segundo mandato, Trump ha intensificado su enfoque contra la migración. Mientras que el presidente Joe Biden había extendido la protección del TPS a los venezolanos debido a la crisis humanitaria en su país bajo el régimen de Nicolás Maduro, Trump ha implementado medidas drásticas contra los migrantes, incluidas detenciones, a pesar de que la legislación vigente establece que las personas “no serán detenidas” por su estatus migratorio. Además, se ha reportado la deportación errónea de un salvadoreño, a quien el gobierno se ha negado a permitir regresar a Estados Unidos.

La petición del gobierno de Trump para eliminar el estatus de protección temporal a más de 300,000 venezolanos plantea serias preocupaciones sobre el bienestar de estas personas y el impacto en la economía estadounidense. Esta acción subraya un enfoque más severo hacia la migración, contrastando con las políticas más inclusivas de la administración Biden. La decisión de la Corte Suprema será determinante en el futuro de estos migrantes y en la dirección de la política migratoria en el país.

Por: Sebastian Orjuela