Impulsando la integración, Colombia y Venezuela acuerdan zona fronteriza de desarrollo conjunto. El proyecto busca fortalecer los lazos comerciales y sociales, promoviendo estabilidad y progreso en la región limítrofe.

Bogotá, 24 de julio de 2025. En un acto conjunto entre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela, fue anunciado oficialmente el establecimiento de una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional. Este acuerdo, firmado en el marco de una reunión diplomática en la frontera, busca transformar los territorios colindantes en un espacio de cooperación económica, social y territorial, entre Colombia y Venezuela.

La iniciativa fue dada a conocer por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde destacó que el proyecto permitirá recuperar el control institucional de la frontera y combatir el dominio de estructuras mafiosas. En paralelo, el convenio contempla la creación de una zona económica especial que abarcará los departamentos colombianos de La Guajira, Norte de Santander y Cesar, así como los estados venezolanos de Táchira y Zulia. 

Entre los ejes estratégicos del acuerdo se encuentran el fortalecimiento del comercio bilateral, la inversión agrícola, el turismo transfronterizo y la mejora en los servicios de transporte, energía, salud y educación. Desde el gobierno colombiano se ha manifestado que este acuerdo busca mejorar las condiciones de vida en zonas históricamente abandonadas y generar desarrollo regional sin comprometer la soberanía. Petro ha afirmado que “crear prosperidad en la frontera es garantía de paz”.

Sin embargo, sectores de oposición han expresado preocupaciones sobre el alcance del acuerdo. Figuras como Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal han cuestionado la iniciativa, señalando riesgos de entregar soberanía a un régimen que ha sido internacionalmente señalado por violaciones a los derechos humanos. También han advertido que podría facilitar el fortalecimiento de organizaciones ilegales como el ELN.

Los expertos destacan la necesidad de que Colombia mantenga el control institucional pleno, establezca normas jurídicas claras alineadas con la Constitución, y refuerce la presencia estatal en la región con infraestructura, seguridad y servicios públicos. Además, se considera esencial implementar mecanismos de fiscalización ciudadana y limitar la influencia de inversiones extranjeras no reguladas.

La implementación del acuerdo se haría de forma gradual mediante la designación de autoridades binacionales, la creación de reglamentaciones específicas, el fomento a la inversión público-privada y la activación de mecanismos multilaterales de seguimiento y control. Las comunidades locales jugarán un papel importante en la construcción del nuevo modelo de integración.

Eliana Rodríguez Gómez
Periodista Revista Congreso ALD