A Pagar $38.3 Millones por Financiar Paramilitares en Colombia.

En un veredicto histórico, un jurado de Estados Unidos determinó que la multinacional del banano Chiquita Brands International es culpable de financiar grupos paramilitares en Colombia. La empresa deberá pagar 38.3 millones de dólares a los demandantes y familiares de las víctimas, como resultado de un fallo emitido el pasado lunes por una corte en West Palm Beach, Florida. Este dictamen llega tras una década de litigios.

Contexto y Sentencia

El juicio civil, que culminó tras seis semanas de argumentos, concluyó que Chiquita Brands no pudo demostrar que su asistencia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue resultado de una «amenaza ilegal, inmediata e inminente». Según el fallo, la ayuda de la multinacional a las AUC, brindada bajo el pretexto de proteger a sus empleados de la violencia, constituyó una «actividad peligrosa» que aumentó el riesgo para la comunidad.

Antecedentes de la Relación Chiquita-AUC

Chiquita Brands cerró sus operaciones en Colombia en 2004 y en 2007 admitió en una corte de Nueva York haber pagado aproximadamente 1.7 millones de dólares a los paramilitares, alegando que los pagos se hicieron bajo presión. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que los pagos fueron efectuados de manera voluntaria para obtener seguridad privada en sus operaciones en la región bananera de Urabá.

Impacto y Reacciones

La condena ha sido recibida como un acto de justicia para las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), afirmó en redes sociales que esta decisión representa una reivindicación para las víctimas, quienes sufrieron masacres y despojos debido al financiamiento de Chiquita a los paramilitares.

El abogado de las víctimas, Jack Scarola, describió los pagos de Chiquita a las AUC como un «pacto con el diablo», señalando que la empresa no puede ser exonerada de responsabilidad incluso si enfrentó amenazas. Marco Simons, asesor general de EarthRights International, una de las organizaciones que presentó la demanda en 2007, destacó que este veredicto envía un poderoso mensaje global sobre la impunidad de las corporaciones que se benefician de abusos contra los derechos humanos.

Consecuencias y Expectativas

El veredicto también resalta que los demandantes demostraron claramente que las AUC cometieron asesinatos con la asistencia financiera de Chiquita. Los 10 jueces que escucharon el caso concluyeron unánimemente en la culpabilidad de la empresa.

Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, subrayó la importancia de esta condena, recordando que mientras Chiquita financiaba a los paramilitares, la región de Urabá fue escenario de 97 masacres entre 1991 y 2011, con un saldo de 607 víctimas. Vega instó a la justicia colombiana a tomar medidas similares contra las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo en el país.

Un Precedente Importante

Este fallo marca la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación importante por complicidad en abusos graves contra los derechos humanos en otro país. La decisión de la corte de West Palm Beach es vista como un precedente significativo en la lucha por la justicia para las víctimas de violencia y abusos corporativos.

Chiquita Brands International deberá ahora cumplir con el pago de la indemnización de 38.3 millones de dólares a las víctimas y sus familiares, cerrando un capítulo oscuro en la historia de la empresa y reafirmando el compromiso global con la justicia y los derechos humanos.

Por: Hazly Mozo