Australia debate una ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

En medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los jóvenes, Australia ha iniciado un debate legislativo que podría establecer un límite de edad para el uso de estas plataformas. La propuesta, presentada recientemente en el Parlamento, busca prohibir que menores de 16 años accedan a redes sociales sin el consentimiento expreso de sus padres o tutores legales.

El gobierno australiano ha dado un paso contundente en su lucha por proteger a los menores de los riesgos asociados al uso de redes sociales. Este jueves, presentó ante el Parlamento un ambicioso proyecto de ley que busca prohibir el acceso a estas plataformas para menores de 16 años, sin excepciones. La medida, que establece multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (30,6 millones de euros) para las empresas que incumplan, incluye controles de verificación de edad sin precedentes, como el uso de datos biométricos o identificación gubernamental.

El problema en discusión

El auge de las redes sociales ha transformado la forma en que las personas se comunican e interactúan, pero también ha planteado serios desafíos, especialmente para los menores de edad. Estudios recientes han señalado un vínculo preocupante entre el uso excesivo de plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat con problemas como ansiedad, depresión, trastornos de la imagen corporal y aislamiento social entre los adolescentes.

¿Qué contempla la propuesta?

La ley exigiría que las plataformas implementen sistemas de verificación de edad más estrictos y penalizaría con multas significativas a las empresas que no cumplan con estas regulaciones. Además, se fomentará la educación sobre el uso responsable de las redes sociales en las escuelas y campañas de concienciación para padres.

Los menores que deseen seguir usando estas plataformas deberán contar con el permiso de sus padres o tutores, quienes podrían acceder a controles adicionales para supervisar la actividad de los niños en línea.
Sistema de verificación de edad: datos biométricos en juego

Una de las características más polémicas de la propuesta es la implementación de un sistema de verificación de edad que podría incluir el uso de datos biométricos, como el reconocimiento facial, o identificaciones oficiales emitidas por el gobierno. Según el gobierno australiano, estas medidas son necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, pero han generado inquietudes sobre la privacidad y la protección de datos personales.

Expertos en ciberseguridad han advertido sobre los riesgos de almacenar información tan sensible, temiendo posibles violaciones de privacidad y ciberataques. Por otro lado, defensores de los derechos digitales sostienen que estas medidas podrían establecer un precedente peligroso en el control gubernamental sobre el acceso a internet.

El proyecto contempla sanciones económicas significativas para las plataformas que no implementen los controles necesarios o que permitan infracciones sistemáticas de la norma. Las multas pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos, lo que subraya la seriedad con la que el gobierno planea hacer cumplir la legislación.

Plataformas como Meta (propietaria de Facebook e Instagram), TikTok y Snapchat, que cuentan con una base masiva de usuarios adolescentes, serían las más afectadas. En respuesta, representantes de la industria tecnológica han expresado su preocupación sobre la viabilidad técnica y ética de las medidas propuestas.

Si esta ley entra en vigor, Australia se convertiría en el país con las regulaciones de edad más estrictas para el uso de redes sociales, superando a naciones como Francia, que establece un límite de 13 años, y el Reino Unido, donde se permite el uso con consentimiento parental desde los 13 años.

Este debate australiano no solo resalta la creciente preocupación mundial sobre la influencia de las redes sociales en los menores, sino también el desafío de equilibrar la seguridad digital con la privacidad y la libertad de expresión.

Por: Paola Gómez 

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