La ONU advierte que grupos armados continúan engañando a niños y jóvenes para reclutarlos a sus filas, a pesar de los esfuerzos institucionales. 

Siguen creciendo los casos de uso de redes sociales como TikTok y Facebook, para engañar y persuadir a los niños, a las niñas y a los adolescentes más vulnerables para que se unan a la guerra.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha emitido una grave alerta sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el país, con especial énfasis en la región del Catatumbo, Norte de Santander. 

El reclutamiento de menores es un crimen perpetrado por grupos armados no estatales, y en el Catatumbo, la situación es extremadamente crítica. En lo que va de 2025, desde la ONU se ha verificado el reclutamiento, uso y utilización de al menos 36 niños, niñas y adolescentes, de los cuales un 23% son migrantes. Aunque esta cifra es solo una muestra oficial, otras fuentes elevan los casos a más de 70 en la región para ese mismo periodo, develando un patrón sistemático y la gravedad de esta vulneración de derechos humanos.

Diferentes grupos defensores de derechos humanos condenan fuertemente estás acciones y exigen a los grupos armados que cometen estas prácticas a cesar el reclutamiento y liberar de inmediato a los menores en su poder. Ahora, la alerta se extiende al papel de las redes sociales, que se han convertido en una herramienta de fácil acceso para estos grupos, logrando así, aprehender a muchos más jóvenes, quienes, en condiciones de vulnerabilidad, son más susceptibles a estas manipulaciones.

En lo que va de 2025, la Oficina de la ONU ha documentado cinco masacres (cuatro de ellas en Tibú), 126 homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de más de 66.000 personas. Estas cifras subrayan el entorno de riesgo extremo para las comunidades, donde la violencia impacta desproporcionadamente a los más vulnerables.

Ante esta situación, se hizo el llamado al Estado colombiano, ya que tiene la obligación de proteger a la niñez e implementar todas las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento. Esto incluye fortalecer la presencia efectiva de la Fuerza Pública bajo el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, así como avanzar en la investigación de estos crímenes y garantizar soluciones sostenibles para las comunidades afectadas. El desafío no es solo humanitario, sino también estructural, requiriendo inversiones en desarrollo social y económico que aborden las causas profundas de la vulnerabilidad en la región.  

Laura Valentina López

Periodista Congreso ALD