Un reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas expuso una preocupante realidad en Colombia: la presencia de alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar de un aeropuerto de Bogotá. La revelación fue hecha pública tras una visita de 10 días al país, durante la cual se analizó el sistema destinado a la localización de personas desaparecidas, así como el acceso a la justicia para las víctimas, los registros disponibles y las medidas de reparación y garantías de no repetición.

El comité expresó su preocupación por las graves limitaciones de las instituciones encargadas de identificar estos cuerpos. Según el informe, la insuficiencia de recursos humanos y materiales es un obstáculo significativo para enfrentar la demanda creciente de identificación forense. A ello se suma la falta de coordinación entre las diversas autoridades involucradas en la búsqueda, lo que dificulta la implementación de estrategias efectivas. “La delegación está particularmente preocupada por la situación de las instituciones a cargo de la identificación de los cuerpos y restos localizados”, señala el documento.

La delegación, conformada por expertos independientes como Juan Pablo Albán y Carmen Rosa Villaquintana, estuvo acompañada por representantes de la Secretaría Ejecutiva del Comité y contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Durante su visita, sostuvieron 55 reuniones con más de 80 autoridades de los distintos poderes públicos y 61 encuentros con colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 17 departamentos, entre ellos Antioquia, Cauca, La Guajira, Arauca, y Tolima.

El comité también llamó la atención sobre un fenómeno alarmante: el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del país, una problemática que afecta a personas de todas las edades, con un impacto desproporcionado en niños, niñas y adolescentes, tanto colombianos como de países vecinos. Esta tendencia, según el informe, es de especial preocupación en el contexto actual.

Los hallazgos preliminares destacan la diversidad de escenarios donde podrían encontrarse los cuerpos de personas desaparecidas, que incluyen cementerios, fosas comunes y clandestinas, hornos crematorios, cuerpos de agua, campos abiertos, zonas fronterizas, hospitales, y centros de privación de la libertad. A pesar de ello, las capacidades técnicas y humanas actuales no son suficientes para dar respuesta a esta compleja realidad.

Además, el informe señaló los significativos atrasos en el acceso a la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Estas deficiencias estructurales representan un reto para el país, que busca avanzar en la atención integral a las víctimas y el esclarecimiento de miles de desapariciones forzadas ocurridas durante décadas de conflicto armado.

Aunque el comité valoró el esfuerzo del gobierno colombiano al permitir esta visita y destacó su importancia como un paso hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos, subrayó que se requieren acciones concretas y urgentes. La falta de profesionales capacitados y de herramientas tecnológicas avanzadas para realizar labores técnicas forenses se suma al desafío de unificar los esfuerzos de las autoridades responsables.

La delegación concluyó que la prioridad debe ser la búsqueda de los cuerpos desaparecidos en todo el territorio nacional, lo que requiere no solo la optimización de recursos, sino también una voluntad política decidida. El informe final, que contiene un análisis exhaustivo, se publicará en los próximos meses, con el objetivo de generar una reflexión profunda y promover acciones que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

Este hallazgo refuerza la necesidad de enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas como una problemática prioritaria en Colombia, exigiendo un compromiso conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional para dar respuestas efectivas a las víctimas y asegurar que esta dolorosa realidad no se repita.

Por: Fernanda Soto