El Presupuesto 2026 genera profunda división en el Congreso. Analizamos la aprobación en Cámara, la suspensión en Senado y el impacto de los recortes a la inversión en el territorio.

El Presupuesto 2026 se ha convertido hoy en el epicentro de una nueva crisis legislativa que sacude al Congreso de la República . Mientras la Cámara de Representantes lograba la aprobación en primer debate, el Senado suspendió la discusión en medio de un ambiente de alta tensión. La división no es solo entre Gobierno y oposición, sino también entre las propias bancadas, exacerbada por los reclamos de recortes a la inversión para las regiones y el elevado costo de las proposiciones presentadas. Para la Revista Congreso ALD , este escenario no solo pone en riesgo la aprobación de la hoja de ruta económica del país, sino que amenaza con ahondar las brechas en el territorio y reconfigurar las alianzas políticas.

El trámite del Presupuesto 2026 es, por naturaleza, una de las batallas más intensas del año legislativo. Se trata de la asignación de recursos que impactarán directamente la vida de millones de colombianos. Sin embargo, este año, las diferencias parecen ser más profundas. En la Cámara, la aprobación llegó tras extensas jornadas y acuerdos de última hora, pero el fantasma de los «micos» y las proposiciones sin financiación real planea sobre el proceso. El reto fiscal del país exige una disciplina que, en el fragor del debate, a menudo se pierde.

Senado: Un Debate en Cuidados Intensivos

La suspensión del debate en el Senado es un claro indicador de que la propuesta de Presupuesto 2026 no cuenta con el respaldo necesario en su forma actual. Fuentes al interior de la corporación señalan que la principal preocupación radica en los supuestos recortes a la inversión regional . Varios senadores, incluso de partidos afines al Gobierno, han levantado su voz de alarma, argumentando que sacrificar la inversión en departamentos y municipios solo agudizará las desigualdades y ralentizará el desarrollo en el territorio .

El debate sobre las proposiciones también ha sido un punto de quietud. El alto costo de las adiciones propuestas por los congresistas choca directamente con la necesidad de un Presupuesto 2026 responsable y que cumpla con las metas fiscales. Esto pone al Senado en una encrucijada: aprobar un presupuesto que no satisface las demandas regionales o hundir el proyecto, generando una crisis de impredecibilidad económica.

El Impacto en el Territorio: Recortes que Duelen

Los recortes a la inversión regional, si se materializan, tendrían consecuencias devastadoras para el territorio . Proyectos de infraestructura, programas sociales, iniciativas de salud y educación que dependen directamente de la inversión central podrían quedar en el limbo o ser cancelados. Esto no solo afectaría la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también minaría la confianza en el Gobierno central y agudizaría la polarización entre el centro y la periferia.

La preocupación es legítima. Históricamente, las regiones han clamado por mayor autonomía y recursos para atender sus propias necesidades. Un Presupuesto 2026 que no responda a estas demandas podría generar protestas y un mayor descontento social, complejizando aún más la gobernabilidad.

La Gobernabilidad a Prueba en el Congreso

La crisis del Presupuesto 2026 es un reflejo de la dificultad del Gobierno para consolidar mayorías estables en el Congreso . La fragmentación política y la independencia de algunos parlamentarios ponen en jaque la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos clave. El riesgo de dilación o incluso de hundimiento del presupuesto obligará al Gobierno a una intensa negociación, que podría implicar concesiones significativas o, en el peor de los casos, la aplicación de decretos que serían igualmente controvertidos.

El desafío para el Senado es enorme: encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal, la defensa de la inversión regional y la necesidad de darle al país una hoja de ruta económica. La solución no es sencilla, pero requiere de un diálogo genuino y de la voluntad política de todos los actores para evitar que el Presupuesto 2026 se convierta en una víctima más de la profunda polarización que vive el país. El futuro económico del territorio está en juego, y el Congreso tiene la última palabra.

Por: Edward Cipagauta