Tras el rechazo del Congreso, Petro declara emergencia económica en Colombia mediante el Decreto 1390. Analizamos los nuevos impuestos y el impacto en el bolsillo.
En una decisión que ha polarizado al país y a los mercados internacionales, el presidente Petro declara emergencia económica en Colombia a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. La medida, tomada tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso el pasado 9 de diciembre, le otorga al mandatario facultades excepcionales para legislar mediante decretos con fuerza de ley. Con esto, se busca cubrir un hueco fiscal que amenaza la prestación de servicios básicos en 2026.
El Gobierno justifica esta determinación argumentando una «situación grave e inminente» que impide al Estado garantizar derechos fundamentales como la salud y la seguridad. Al anunciar que Petro declara emergencia económica en Colombia , el Ministerio de Hacienda señaló que el país enfrenta una asfixia financiera derivada de la reciente rebaja en la calificación de Fitch Ratings a BB, lo que ha cerrado las puertas al endeudamiento externo con tasas razonables.
Los pilares del Decreto 1390
La declaratoria no es solo un movimiento político, sino una estrategia de choque para obtener recursos que el Legislativo le negó. Entre los puntos críticos que motivaron que Petro declara emergencia económica en Colombia se encuentran:
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Déficit en salud: La necesidad de recaudar $3,3 billones adicionales para cumplir con el fallo de la Corte Constitucional sobre la nivelación de la UPC (Unidad de Pago por Capitación).
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Crisis de seguridad: Recursos urgentes para fortalecer la presencia militar en zonas críticas tras los recientes atentados en el Cesar y el Chocó.
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Fallas en recaudo: La imposibilidad de financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que ya presenta un déficit estructural del 7,1% del PIB.
¿Qué impuestos se avecinan?
Con el país bajo este estado de excepción, el equipo económico ya prepara una serie de decretos que buscan elevar la presión fiscal sin pasar por el debate parlamentario. Se especula sobre la creación de una «Tasa de Solidaridad» al patrimonio y nuevos límites a los combustibles fósiles. El hecho de que Petro declara emergencia económica en Colombia implica que estas medidas entrarán en vigor de forma inmediata, aunque quedarán sujetas a la revisión posterior de la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras que el sector empresarial advierte sobre un golpe letal a la confianza inversionista, sectores afines al Gobierno defienden la medida como la única vía para evitar un «apagón social» debido al bloqueo legislativo.
Por: Edward Cipagauta
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