El paro de campesinos en Santander, Boyacá y Norte de Santander, que comenzó el 21 de octubre de 2024, ha generado un impacto considerable en la región debido a los cierres de vías y el bloqueo del comercio. La movilización responde a las inconformidades de los agricultores con las políticas agrarias del gobierno, especialmente en temas relacionados con los precios de los insumos agrícolas, las reformas sobre la tenencia de la tierra, y la falta de subsidios y apoyos para pequeños productores.

Desde el inicio del paro, varias vías estratégicas han sido bloqueadas, lo que ha afectado el transporte de productos y mercancías tanto hacia las ciudades como entre regiones rurales. Estos cierres incluyen rutas claves como la Troncal Central del Norte y otras carreteras importantes que conectan los departamentos afectados con el centro del país. La interrupción del tránsito no solo ha afectado la distribución de productos agrícolas, sino que también ha limitado el acceso de bienes de primera necesidad a las zonas rurales.

Uno de los puntos de mayor tensión es la falta de diálogo efectivo entre los campesinos y el gobierno nacional. Aunque se han iniciado conversaciones en algunos casos, los manifestantes aseguran que las promesas no han sido cumplidas y exigen respuestas más concretas y soluciones a largo plazo. Entre sus demandas, los campesinos piden políticas que garanticen mejores condiciones para la producción agrícola y precios justos para sus productos.

El paro también ha provocado un aumento en los precios de algunos alimentos en las principales ciudades, dada la escasez generada por los bloqueos. La situación ha comenzado a generar preocupación entre los comerciantes y consumidores, quienes temen que, de prolongarse las protestas, los efectos sobre la economía local y nacional puedan ser más severos.

En cuanto al impacto social, las movilizaciones han puesto de aliviar las profundas desigualdades que enfrentan las comunidades rurales. Las dificultades para acceder a recursos y servicios básicos, sumadas a la falta de infraestructura adecuada, han intensificado las protestas. Además, los campesinos exigen que el gobierno reconozca su papel fundamental en la economía del país y la necesidad de apoyar su subsistencia frente a la competencia desleal de productos importados.

Aunque el gobierno ha ofrecido abrir mesas de diálogo para escuchar las demandas del sector agrario, la respuesta de los manifestantes ha sido contundente: no levantarán los bloqueos hasta obtener compromisos tangibles. Las organizaciones campesinas insisten en que este es un momento crucial para hacer valer sus derechos y presionar por una reforma estructural del sistema agrario en Colombia.

En resumen, el paro de campesinos en Santander, Boyacá y Norte de Santander refleja un malestar profundo en el sector agrario, con implicaciones que van más allá de los cierres de vías. Las comunidades rurales piden un cambio que garantice su sustento y acceso a mejores condiciones, mientras que la interrupción del comercio y el alza de precios se hacen sentir en todo el país.

Por: Paola Gomez