La iniciativa busca asegurar la supervivencia del afluente, restaurar sus condiciones ecológicas y garantizar el acceso de estas aguas potables para las comunidades.

El Congreso de la República recibirá un proyecto de ley crucial para la protección del río Pamplonita, principal fuente de abastecimiento hídrico para Cúcuta, al suministrar el 75% del agua potable. Esta acción legislativa será presentada el 20 de julio de 2025; responde a la creciente preocupación por la descarga de aproximadamente el 46% de las aguas residuales de Cúcuta directamente al río sin tratamiento, una práctica que compromete gravemente su salud ambiental y la calidad del recurso hídrico. Además, un tercio del área de la cuenca se encuentra en territorio venezolano constituyéndose en una cuenca binacional. 

Esta medida legislativa es vital para las comunidades que dependen directamente del Pamplonita, enfrentando los desafíos de la contaminación y sus repercusiones en la salud pública y los ecosistemas locales. La propuesta no solo busca remediar el impacto de años de vertidos sin control, sino también establecer mecanismos para una gestión ambiental sostenible que involucre a las poblaciones locales. La articulación de esfuerzos entre legisladores, autoridades ambientales y comunidades es fundamental para el éxito de la restauración y la protección a largo plazo.

El proyecto es impulsado por el congresista Juan Carlos Lozada, quien ha liderado esfuerzos similares durante décadas. La propuesta extiende su alcance a la protección de otras tres cuencas fluviales estratégicas en Norte de Santander: Zulia, Táchira y Catatumbo, impactando a más de la mitad de los municipios del departamento. La viabilidad jurídica de esta iniciativa se sustenta en precedentes legales, como el fallo histórico de la Corte Constitucional que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, sentando las bases para una protección legal robusta de los ecosistemas fluviales.

La normativa vigente que provee a la defensa de la ciudad de Cúcuta contra las inundaciones del río Pamplonita es la Ley 122 de 1931, en la cuál se asignaron 20 mil pesos para su conservación. Ahora, se espera que el debate en el Congreso aborde los enormes retos presupuestales y las dificultades logísticas para la implementación de un proyecto de esta envergadura. La aprobación de esta ley representaría un avance significativo en la política ambiental de Colombia, consolidando un marco jurídico que prioriza la salud de los ecosistemas fluviales y el derecho humano al agua, elementos esenciales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida en la región.

Por: Laura Valentina López 

Periodista Revista Congreso ALD