Por sexta vez se radica ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. La propuesta legislativa busca frenar los impactos ambientales y proteger los recursos hídricos del país.

Bogotá, 22 de julio de 2025. En la mañana del 22 de julio de 2025, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, radicó ante la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia. Esta iniciativa, presentada por sexta vez, reafirma el compromiso gubernamental con la protección ambiental.

La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de sectores sociales, científicos y ambientales, y representa un renovado esfuerzo por blindar al país frente a los riesgos asociados a la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Es una de las apuestas centrales del gobierno, coherente con su plan de desarrollo que prioriza el cuidado de la vida, la protección del agua y la biodiversidad, así como la defensa de la salud pública frente a los impactos de esta técnica extractiva.

 Desde 2022 ha sido radicada en múltiples ocasiones, cada vez acompañada por la Alianza Colombia Libre de Fracking y más de 170.000 firmas ciudadanas que exigen su prohibición. En abril de 2023, el Senado aprobó el texto en segundo debate con 62 votos a favor y 9 en contra, lo que marcó un importante avance legislativo. Sin embargo, la iniciativa ha enfrentado diversos obstáculos políticos y económicos que han demorado su sanción definitiva.

A trámite legislativo, ha enfrentado trabas como la exclusión reiterada de la agenda en la Comisión Quinta, audiencias dilatorias impulsadas por sectores opositores, ponencias negativas que buscaban archivarla y presiones de gremios extractivos. Además, tensiones internas y falta de voluntad política en momentos clave han frenado su avance.

Durante la diligencia de radicación, la ministra de Ambiente, Lena Estrada, destacó el impacto ambiental que genera esta técnica. Señaló que cada pozo de fracking requiere el equivalente a quince piscinas olímpicas de agua, lo que pone en grave riesgo la estabilidad de los ecosistemas locales. Además, citó estudios de la Universidad Nacional que advierten sobre residuos tóxicos y radioactivos que se alojan en el subsuelo como consecuencia de esta práctica. “Esta ley no es solo una apuesta del Gobierno, sino una exigencia social que nace de los territorios”, manifestó.

En medio de una creciente movilización ciudadana y del respaldo técnico de diversos estudios, Colombia se prepara para discutir una decisión crucial en materia de política energética y ambiental, en una legislatura caracterizada por tensiones políticas y posiciones divergentes frente al modelo extractivo. El Congreso deberá evaluar las implicaciones económicas, ambientales y sociales del fracking, en un escenario donde las decisiones legislativas tendrán un impacto duradero en el futuro energético del país.

Eliana Rodríguez Gómez
Periodista Revista Congreso ALD